La decapitación de un haitiano en un acto de venganza por una multitud enardecida el viernes primero en el sector Buenos Aires, de Herrera, es un crimen bárbaro, que, aun se tengan que remover toneladas de escombros, en modo alguno puede quedar impune.

Pero el linchamiento de Carlos Nerilus, por más indignante y salvaje que sea, no es para exacerbar odios y rencores, porque como bien han reconocido las autoridades dominicanas ese crimen no se inscribe en una política de persecución contra los haitianos.

La garantía de capturar y someter a la justicia a los participantes en el horrendo crimen es el mejor testimonio de que las autoridades no han sido indiferentes ni se han quedado de brazos cruzados ante un suceso que por demás han condenado con energía. Como tenía que ser.

Es verdad que han ocurrido deplorables incidentes que han propiciado o incrementado las tensiones entre haitianos y dominicanos. Puede hasta admitirse que inmigrantes de la vecina República han sido víctimas de abusos tan incalificables, que se prestan para pensar en persecución. Pero son los conflictos propios de todos los países que comparten fronteras.

La decapitación del haitiano, en represalia por la muerte de un dominicano en parecidas circunstancias en Bayona, no es para que se tensen todavía más las relaciones entre los dos vecinos ni para que Puerto Príncipe tenga quellamar a su embajador Fritz Cintas.

Comprensible desde el dolor y la indignación, pero se exceden el presidente del Senado y legisladores haitianos al señalar que la reacción del Gobierno de su país debe ir más allá de una protesta oficial e incluso al atribuir una indiferencia que no es tal a las autoridades dominicanas.

La virulencia con que se han pronunciado en torno al suceso los legisladores haitianos saca a relucir viejos rencores. Un diputado pidió a la comunidad internacional ubicar a República Dominicana en la lista negra de los Estados que violan sistemáticamente los derechos humanos, en tanto el presidente del Senado advirtió que mientras persista tal actitud se debe esperar más masacres, asesinatos y humillaciones.

Al margen de lo tirantes que puedan ser las relaciones de los dos países, la posición de los legisladores haitianos compromete todavía más a las autoridades dominicanas a acelerar las pesquisas para capturar y someter a la justicia a los responsables de la muerte del inmigrante. Y de paso examinar los lazos diplomáticos con el Gobierno de René Preval.