Histórica sentencia

El Tribunal Superior Administrativo acogió un recurso de amparo sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra varias instituciones estatales a las que ordenó tomar las medidas necesarias para impedir el monopolio en el transporte de carga o pasajeros.

La sentencia ordena al ministerio de Defensa ofrecer facilidades a las personas físicas o jurídicas que deseen transportar efectos de un lugar a otro, retirar o depositar mercancías en aduanas y puertos.

Esa decisión obra como garantía del principio constitucional que prohíbe toda forma de monopolio u oligopolio, como los que se observan en los sistemas de transporte y carga.

Una federación de dueños de camiones y patanas ha impuesto control absoluto de todas las operaciones de transporte desde y hacia las terminales de carga, lo que constituye una forma de monopolio, en tanto que otras asociaciones empresariales se distribuyen para sus feudos las rutas urbanas e interurbanas de pasajeros.

El fallo de referencia garantiza también el derecho a la libre empresa, cuya custodia pone en manos de las instituciones oficiales incluidas en el pedido de amparo, a las que condena al pago de cinco mil pesos diarios, con carácter individual o conminatorio por cada día que transcurra sin ejecutar la sentencia.

Es menester advertir al Conep que la resolución del Tribunal Superior Administrativo no significa un cambio de verdugos o de usufructo de privilegios en el transporte de carga y pasajeros, sino el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

En virtud de esa sentencia, es posible que empresarios del transporte y choferes acuerden con el Gobierno la implementación de un moderno sistema de acarreo de carga y pasajeros, basado en la libre competencia de calidad y precio, cuyos beneficiarios serían los usuarios y la economía nacional.

Con su histórica sentencia, los jueces han advertido que el país, sus calles, avenidas, autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos no tienen dueños, por lo que ningún empresario del transporte puede dividirlos en cacicazgos. Falta saber si el Gobierno tiene voluntad y valor para aplicarla.