Editorial

Transparencia.-

La palabra transparencia no consigue el debido respeto u observancia en amplios litorales del Estado, Gobierno, clase política, empresariado y sociedad civil, lo que desvirtúa las reglas jurídicas y provoca un generalizado síndrome de desconfianza.

Las importaciones de petróleo y derivados constituyen el mejor ejemplo de que leyes ni normativas han podido incidir en garantizar claridad y equidad en el ejercicio de derechos individuales o colectivos.

Se cita como ejemplo el anuncio del Ministerio de Hacienda de que pondrá fin a una dilatada distorsión en la prima del precio de paridad de importación del gas licuado de petróleo (GLP), equivalente a 16 pesos por galón, lo que representa un ingreso adicional al Estado entre dos mil 500 a tres mil millones de pesos al año.

Sin transparencia, igualdad y equidad no sería posible la vigencia de un Estado de derecho, ni la garantía de seguridad jurídica, incluido lo referido a la prevalencia de los derechos humanos y a la libre empresa, impedida de desarrollarse sin reglas claras de competitividad.

Muchos años después, se revela que el mercado de uno de los derivados del petróleo estaba afectado por una distorsión que en términos literales suponía pérdidas para el Estado de tres mil millones de pesos al año. He ahí un costo de la falta de transparencia.

Como ejemplo menor se refiere a la condena penal impuesta a varios médicos por supuesta falsificación de documentos para adjudicarse la propiedad del inmueble que aloja a una clínica privada. Sin formular juicios de valor, puede decirse que se trata de otro caso matizado por la inseguridad jurídica.

El empresario Frank Rainieri ha advertido que el crecimiento que registra el sector turismo no sería sostenible sin el fortalecimiento de la seguridad jurídica, lo que equivale a decir, sin garantía de debida transparencia y certidumbre para todos los intervinientes en esa próspera industria.

Las importación y comercialización de petróleo y sus derivados signa el presente y futuro de todas las actividades económicas y de la propia gobernanza, por lo que al detectarse “una distorsión” en el precio de paridad del GLP, equivalente a $3,000 millones anuales, hoy más que nunca la sociedad reclama transparencia.