El Senado de la República convirtió en ley el nuevo Código Penal, que deambuló por casi 15 años en el Congreso Nacional antes de su aprobación, cuya penalización al aborto ha sido objeto de vítores y rechazos.

En ese texto se amplía la pena máxima de 30 a 40 años por la comisión de crímenes, además de instaurar sanciones consecutivas hasta 60 años de reclusión contra culpables por la comisión de diferentes infracciones penales.

También se fija en un máximo de 40 años de prisión a quienes lancen a otra persona el mentado “ácido del diablo”, y también se agrava la pena en casos de violencia intrafamiliar o de género o por crímenes contra menores, entre otras modificaciones.

En cuanto al aborto o interrupción del embarazo, el legislador mantuvo el criterio prevaleciente de la penalización, tanto a la madre, como al personal médico o paramédico al considerar al feto o embrión como un bien jurídico, cuya vida debe ser preservada.

En el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia un año después de su promulgación, no se excluye al aborto terapéutico de la penalización, lo que muchos consideran un retroceso en la normativa jurídica y una violación a los derechos de la mujer.

La raíz del debate en torno a la penalización al aborto se centra en el artículo 37 de la Constitución de la República, que señala que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”, sin establecer excepciones, por lo que la posible solución estaría en manos del constituyente y no del legislador.

En cuanto al nuevo Código Penal, en sentido general, prevalece el temor de que se aleje aún más del Código Procesal Penal, con mayor prevalencia ante el sistema de prevención de crímenes y delitos y al texto garantista del debido proceso.

La sociedad tiene todavía pendiente producir una amplia discusión e identificar vías de advenimiento en torno a temas esenciales en su ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo, entre los que figura en primer orden el tema de la penalización o no del aborto.