Defender y consolidar el espacio democrático que hoy signa los destinos de la República ha conllevado mucha sangre, sudor y lágrimas a más de dos generaciones de dominicanos, que desde la decapitación de la satrapía luchan incansablemente por la prevalencia de las libertades públicas, la institucionalidad y la justicia social.

Sin arribar todavía al anhelado estadio donde se ejerciten todos los resortes de una auténtica democracia sustentada en la equidad y respeto a la ley, miles de ciudadanos han ofrendado sus vidas o sufrido cruentas formas de opresión por defender la prevalencia de un estado de derecho.

Puede decirse que no está muy lejos ni muy cerca el ideal de nación soñado por Duarte y los trinitarios, aunque se admite que el camino ha sido largo y tortuoso, porque malos dominicanos interrumpen la marcha con despropósitos asociados a la traición artera, desmedida ambición y crasa corrupción.

Desde el ajusticiamiento de Trujillo han transcurrido 56 años y 54 desde el fatídico golpe de Estado contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch, causa directa de la insurrección del 24 abril de 1965 y de la intervención militar de Estados Unidos, cuatro días después, periodo durante el cual miles de dominicanos murieron en defensa de la soberanía y de la democracia.

El retroceso político o resquebrajamiento de la institucionalidad democrática no puede ni debe figurar en la agenda de ninguno de los actores de la vida nacional, no sin exponerse al repudio colectivo, porque poco o mucho, la República ha avanzado y no retrocedido en materia de derechos y de libertades.

Corresponde a las presentes generaciones asumir la antorcha de la democracia y continuar la marcha hacia estadios superiores de crecimiento económico, desarrollo social, institucionalidad, justicia, equidad y transparencia, la mejor herencia que los padres de hoy pueden legar a sus hijos y nietos.

No hay espacio para la temeridad, el delirio ni la insensatez, como sería reclamar el cese intempestivo de la gestión de gobierno derivada de las elecciones de 2016, así como proscribir todas las instituciones jurídicas y políticas que conforman el entramado institucional. Todas esas locuras generan un gran rechazo social.

El modelo de democracia política inclusiva, solidaria, sustentada en igualdad de oportunidades, respeto y observancia de la Constitución y de las Leyes, justa redistribución del ingreso y absoluto ejercicio de las libertades ciudadanas, es aún un anhelo colectivo, pero el camino que lleva a ese estadio se recorre desde hace 56 años, sin vuelta atrás.