Las supuestas irregularidades con las licitaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) constituyen otro eslabón al menos de una larga cadena de denuncias o sospechas de violaciones a la ley de compras y contrataciones públicas.

Por irregularidades detectadas en un concurso el presidente Danilo Medina destituyó y se puso a disposición de la justicia a varios funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Por otro escándalo el ministro de Defensa anuló un concurso, pero, que se sepa, no se sancionó ni sometió a nadie a la justicia. Pero con el del COE son varias las irregularidades que se han denunciado en licitaciones para la compra de materiales y equipos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La periodista Edith Febles denunció que tres empresas vinculadas habían sido favorecidas con una licitación en el COE, la cual, dijo, había sido posteriormente anulada.

Ante el escándalo la entidad solicitó una investigación para determinar si había violado los procedimientos de la ley 340-06. Cada una de las irregularidades debe aclararse siquiera en aras de la transparencia.