El caso del padre Johnny

El Juzgado de la Instrucción de Constanza, archivó el caso de Juan Manuel Mota de Jesús, padre Johnny, acusado de abuso sexual y violación por tres querellantes que aseguran ser víctimas del cura entre 2007 y 2010, cuando eran menores de edad. La decisión reafirma la percepción de que existen niveles de complicidad entre la justicia y la iglesia, sobre todo en las comunidades pequeñas. En el caso del acusado, con 12 años como párroco en Constanza, se habla de su relación de amistad estrecha con el Ministerio Público de esa ciudad, así como con las máximas autoridades judiciales del Distrito de La Vega. La semana pasada, decía Marisol Tobal, Procuradora a cargo de Niños, Niñas y Adolescentes, que “muchas víctimas no denuncian las violaciones por temor a represalias y optan por negociar, otras tantas no lo hacen por miedo a que haya represalias o por problemas económicos”, que no hay más sentencias favorables a estos casos y se caen los expedientes porque “los procesos judiciales en el país son muy tortuosos”. Tobal explicaba que quienes se querellan por este concepto, “tienen que ir al médico legista, luego al psicólogo forense, posteriormente al Ministerio Público y luego ante los jueces”, reconociendo la debilidad que existe en el manejo de los casos reportados en la Procuraduría General de la República. Para las tres querellantes, el MP actuó de manera pasiva: la jueza, refirió la poca diligencia en la investigación de parte del Fiscal para fortalecer las pruebas, reconociendo las declaraciones de víctimas contra el acusado, como contundentes. De acuerdo a lo dicho a la prensa por el abogado de las querellantes, la magistrada “aunque confirma que el Ministerio Público no motivó, básicamente lo perdona ordenándole que, de ahora en adelante motive lo que es contradictorio”. La justicia dominicana en materia de violencia basada en el género contra las mujeres, sigue fallándole a las víctimas, con una carga sociocultural negativa, que hace de estos crímenes los de más difícil comprobación: dejan pocas huellas visibles, escasamente son testificadas por terceras personas y quienes las sufren tardan en el tiempo para contarlo. Sin embargo, con un marco legal nacional e internacional amplio para apoyar a víctimas menores sobrevivientes de delitos sexuales y con el reconocimiento reciente de los crímenes de pederastia clerical católica, desestimar el testimonio de las querellantes y perdonar la poca proactividad investigativa por el MP, revictima a tres jóvenes mujeres y condena al silencio a muchas otras víctimas. Una impunidad que, sin lugar a dudas, aumentará los abusos sexuales a menores en el país.