A pesar de la amarga experiencia que ha tenido en conflictos internacionales, tal vez el Gobierno pensaba que el proceso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la desaparición del profesor Narciso González terminaría por diluirse. Como ha ocurrido con muchos escándalos que simplemente se han archivado hasta el sol de hoy. Desde que se atrevió a sustentar la peregrina tesis de que el educador pudo haberse suicidado se notó que las autoridades se agarraban de cualquier pretexto para evadir la negligencia para aclarar el caso. Y la verdad es que cuesta entender la razón por la cual el Gobierno ha preferido cargar con una responsabilidad que no es suya, pues González desaparició el 26 de mayo de 1994, cuando el doctor Joaquín Balaguer se encontraba en el poder. Ahora República Dominicana se expone a una serie de penalidades internacionales en caso de no acatar un fallo que se venía venir. Porque, en honor a la verdad, no se ha hecho lo suficiente para establecer responsabilidades sobre la desaparición del periodista y profesor universitario. Relacionar el fallo con intrigas internacionales es exponerse a un papelazo. El Gobierno no podía pensar que la tesis del suicidio, basada en problemas de salud y económicos que podía padecer González iba a prosperar. Porque lo primordial era dar con el cadáver y luego practicarle una autopsia. Pero la asombrosa tesis fue presentada sin una cosa ni la otra. Si hubiera existido voluntad hace tiempo que el caso habría sido aclarado, pero se dejó al tiempo, como si se tratara de una apuesta al olvido, y vino la condena. Tal vez esta experiencia sirva para que las autoridades respeten las leyes y tratados internacionales. Aunque la sentencia contempla indemnizar a los familiares y unas obligaciones materiales, el daño más grande es de tipo moral toda vez que la imagen del país es la que queda en entredicho.
