El fallo judicial que envió a juicio de fondo a seis de los siete imputados por los sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos de obras del Estado en República Dominicana, desmontó la tesis mantenida por la defensa de que el expediente preparado por el Ministerio Público era débil y que, en consecuencia, sería desestimado en la primera fase del proceso.

La decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco, de la que sólo quedó exceptuado Jesús Vásquez por un aspecto genérico, vino a confirmar la fortaleza, sustentación testimonial y documental de las pruebas depositadas por el Ministerio Público, que fueron el resultado de una minuciosa investigación ajustada a los procedimientos legales.
Desde el primer momento el procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, no albergó duda alguna al respecto, ya que cada vez que era abordado por los medios de comunicación expresaba seguridad sobre el respaldo y validez de las 1,711 pruebas reunidas en contra de los imputados, al tiempo que llamaba a la opinión pública a no dejarse confundir.

A través de su actuación en el caso y por medio de sus pronunciamientos públicos, Rodríguez dejó siempre en claro su compromiso y voluntad de reunir las evidencias en contra de los responsables de recibir sobornos de la transnacional brasileña, basado en el deber constitucional de hacer cumplir las leyes de la República, procurando justicia y respetando el debido proceso, algo que faltó a algunos de sus predecesores.

Como ha tenido la oportunidad de observar con serenidad la población, con apenas tres meses en el cargo, el procurador tuvo que asumir el caso más grave y delicado de corrupción registrado en el país y todo eso en medio de una de las campañas mediáticas de descrédito más despiadadas emprendida contra un funcionario dominicano de delicada función.

Al insistir en su fallida tesis de pretendida debilidad en el expediente acusatorio y de pronósticos de que se caería en la etapa preliminar, los abogados de la defensa subestimaron la capacidad que tendrían finalmente los medios y la población para advertir que se les trataba de manipular su opinión en torno al proceso judicial más grande y trascendente en la historia de la lucha contra la corrupción en el país.

Sin que influyera en el ánimo y la decisión del juez Ortega la prominencia social, económica y política de los encartados, dada la independencia de criterio con que actuó a lo largo del proceso, la forma en que rechazó más de 50 incidentes, envió una clara señal de lo que sería un dictamen que ha sido acogido mayoritariamente como justo y pertinente.

Sin dejarse desenfocar de su deber constitucional y obligación ante la sociedad dominicana, el magistrado Rodríguez demostró a dos años y seis meses del proceso, que se mantenía invariable y con actitud estoica en el reto que asumió de llegar a la verdad y someter a la acción de la justicia a todos los que la pesquisa judicial involucrara, a pesar de los más inverosímiles ataques a que se vio sometido.

En medio de una avalancha de especulaciones y falsedades que se pretendían presentar inútilmente como verdades incuestionables, el argumento más socorrido y repetido una y otra vez era que el expediente era débil, tesis que fue magnificada a partir de declaraciones que en ese sentido emitió la entonces juez presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.