Consideramos que ha sido una decisión acertada de la Asamblea Revisora de la Constitución incorporar la figura jurídica del Defensor del Pueblo, creada por ley hace unos ocho años, que a pesar de su promulgación nunca entró en vigencia. Es posible que ese empantanamiento se debiera a la gran cantidad de aspirantes al cargo, que en un momento superó la cifra de doscientos.

El establecimiento del Defensor del Pueblo por vía constitucional constituye una garantía, fortalecida por la previa aprobación del Referendo y el Plebiscito.

Hoy, muchos derechos ciudadanos son violados sin que existan mecanismos eficaces para que eso no suceda o por lo menos se sancione debidamente. Es cierto que para darle funcionalidad al cargo habría que crear una estructura en la que deberán incluirse personalidades de confirmada capacidad y honestidad, sin tendencias partidarias.

Eso costará dinero, pero hay que estar claro en que actualmente se dilapidan muchos recursos en las llamadas botellas y gastos superfluos, sobre todo en parasitarios consulados y embajadas, cuando podrían emplearse en fortalecer la democracia. A ese fortalecimiento contribuye precisamente el Defensor del Pueblo.

Esos logros constitucionales son un avance para la democracia y crédito para el presidente Leonel Fernández, quien ha dicho que es aspiración de los dominicanos contar con una Constitución moderna, acorde con los tiempos que vivimos.

Las conquistas democráticas, tanto en lo que se refiere a la modificación constitucional como al ejercicio mismo de la política, son producto de una lucha que viene de lejos, representada especialmente por las conspiraciones y expediciones armadas contra la tiranía, sobre todo la del 14 y 20 de Junio de 1959. Los integrantes de esa gesta son los precursores de la democracia, ya que consignan en su Programa Mínimo de Liberación tanto el Referendo como el Plebiscito.

Otros postulados de dicho Programa no se han cumplido.

Seguramente el Presidente, al estudiar esa gloriosa historia reciente, conformó un Proyecto de Reforma Constitucional que ha recogido parte de las aspiraciones de los participantes en esas luchas, para que el país avance en su proceso democrático.

Con esta reforma, los Constituyentes hacen honor a la Raza Inmortal, de cuyo sacrificio se cumplieron 50 años recientemente.