Nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser…para ella lo único sagrado es la ilusión, mientras que lo profano es la verdad.
Ludwig Feuerbach

Hoy 16 de agosto es un día para recordar la verdad histórica, aunque entendemos que en una sociedad donde sobreabunda la espectacularidad es muy difícil.
Sin embargo debemos recordar que un día como hoy, en el año de 1963, un grupo de quisqueyanos valientes encabezados por el general Santiago Rodríguez, dio el grito de Capotillo, para dar inicio al segundo acontecimiento más importante de nuestra vida republicana: La Guerra de la Restauración, gesta histórica que nos debe conectar (no solo con discursos y tedeum), con el sentido de deber patrio de aquellos dominicanos y dominicanos que sacrificaron vidas y bienes, para devolvernos el honor de ser nietos políticos de nuestros independentistas, encabezados por Duarte Sánchez y Mella, la cual culminó bajo la dirección del General de generales, Gregorio Luperón.

Hoy 16 de agosto, entre las tantas actividades de recordación de aquella epopeya histórica, nuestro Congreso Nacional inicia una nueva legislatura en la cual descansan un sin número de proyectos tendentes a normar diferentes aspectos institucionales de la vida nacional.

Entre estos proyectos está el sometido el pasado 9 de abril por la Fundación de Militares Constitucionalistas, para definir, en términos definitivo, la situación legal de los militares que participaron en el segundo acontecimiento histórico de nuestra nación, después de la Restauración: La gesta de abril de 1965 pendientes de nuestra vida en sociedad.

Entendemos propicia la ocasión, para recordarle a nuestros legisladores y a sus cabezas políticas, que conocer ese proyecto, con estricto apego a la historia y a las normas jurídicas nuestras, constituye un deber ineludible del Congreso actual, debido a que fue la acción heroica del congreso juramentado el 27 de febrero de 1963, fecha del inicio del gobierno del profesor Juan Bosch, el cual fue derrocado la noche del 25 de septiembre de ese mismo año, el que se reunió la noche del 3 de mayo de 1965, en plena revolución de abril de 1965, el que eligió al Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, como Presidente Constitucional en Armas, para que defendiera, de manera legal y ante cualquier circunsatancia, la voluntad popular expresada en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, así como la soberanía nacional desconocida la noche del 28 de abril de 1965, cuando las votas extranjeras mancillaron nuestro honor patrio.

Ese acto valiente de aquel Congreso histórico que, a nueve días del estallido popular reivindicativo de nuestras libertades el 24 de abril, en pleno escenario sangriento, se reuniera con la presencia del 58% de la matricula congresual, para darle viso de legalidad a la lucha por el retorno a la constitucionalidad y la vuelta al poder, sin elecciones, al profesor Bosch, debe ser reivindicado hoy por el actual Congreso, primer Poder del Estado, conociendo, sin mezquindades políticas ni sofismas desnaturalizantes, el anteproyecto de Ley que sometiéramos el 9 de abril pasado, para que, entre otras cosas, se reconozca el Acta de Reconciliación y el Acto Institucional Dominicana que firmara el Coronel Caamaño el 31 de agosto de 1965, con la Comisión Ad-Hoc de la Organización de Estados Americanos-OEA.

Somos de consideración de que este ante proyecto de ley debe ser conocido tan pronto se inicie la nueva legislatura, sin más dilación. Solo con apego a la verdad. Solo con apego al derecho a la igualdad que establece nuestra Constitución en su artículo 39, que en sus numerales 1 y 3 establece que “La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos y de sus virtudes”.

Así mismo asegura que: “El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas, para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”.

Todo lo antes expresados demuestra las razones que sobran, para que a los militares constitucionalistas se le reconozca el rango que debieron haber alcanzados de haber continuado en las filas de las Fuerzas Armadas, a su edad de retiro, así como devolvérsele sus haberes pasivos.

Recordamos que todos los militares que les dieron el golpe de Estado al Profesor Juan Bosch, combatieron a los constitucionalistas y apoyaron la invasión norteamericana, continuaron en las Fuerzas Armadas, con todas las prerrogativas que, de haberse hecho justicia, les hubieran correspondido a los que defendieron la Constitución y la Soberanía Nacional. Honorables congresistas, es hora de hacer justicia.