El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha dado plazo hasta hoy para que se arribe a un acuerdo que lo restituya en el cargo, o de lo contrario regresaría por su cuenta a Tegucigalpa.

La advertencia del presidente Zelaya cambia de manera radical el panorama en torno a la crisis causada por el golpe de Estado en su contra, pues plantea que su retorno a Honduras se produciría en las peores circunstancias, y eso no es lo deseable.

Tal parece que el derrocado mandatario, quien fue sacado de su casa en ropa de dormir, introducido en un avión y abandonado en el aeropuerto de Costa Rica, se considera burlado por el Departamento de Estado que patrocina un diálogo en Costa Rica que no ha tenido ningún resultado.

Un primer intento del presidente Zelaya por regresar a Honduras fue frustado por el gobierno golpista, que ordenó colocar camiones militares en medio de la pista del aeropuerto de la capital hondureña.

La labor de mediación que realiza el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ha devenido en fracaso, toda vez que el presidente de facto, Roberto Micheletti, ha rechazado cualquier posibilidad de vuelta al orden constitucional. Es obvio que si el presidente Zelaya cumple su advertencia de que regresará a Honduras a cualquier costo, el riesgo de violencia mayor en esa nación centroamericana sería muy elevado.

Se ha dicho que Estados Unidos se opone al retorno del derrocado mandatario, pero en el traspatio latinoamericano se sabe que si ese golpe de Estado se consolida, ninguna de las democracias del Continente estaría segura. Lo deseable sería que el presidente Arias anuncie en San José un acuerdo que permita la reposición de Zelaya en el Palacio Presidencial de Honduras.

Porque, sin duda, la otra salida augura violencia y represión, dos fenómenos que nadie desea para los hondureños.

Al presidente Zelaya le asisten derecho y razón de retornar a su país, porque de lo que se trata es de restaurar la democracia mancillada por un resurgente gorilismo.