El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, ha advertido que los precandidatos tendrán la obligación de declarar el monto y origen del dinero que invertirán en la campaña electoral para alcanzar candidaturas de elección popular en cualquiera de los partidos políticos.

La Ley de Partidos establece un estricto control sobre los presupuestos que manejen aspirantes a cargos electivos en las primarias partidarias programadas para el 6 de octubre, cuya campaña proselitista abierta el 7 de julio se extiende hasta el 22 de este mes.

Por primera vez en la historia electoral dominicana, la JCE dispone de una ley que claramente establece la regulación de los gastos de campaña electoral a cargo de candidatos y partidos, incluidas las prerrogativas para establecer tope de inversión por candidaturas.

En todos los comicios electorales es recurrente la denuncia de que tales o cuales partidos y candidatos en sus respectivas campañas usan recursos del Estado, Gobierno o provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, prevaricación o corrupción.

A donantes corporativos se les hace difícil declarar ante la administración fiscal las donaciones que realizan a instituciones partidarias o aspirantes a puestos electivos, porque la ley no establecía con claridad aspectos jurídicos y fiscales relacionados con monto y origen de los recursos.

Esta vez, la JCE ha hecho compromiso de que hará cumplir cabalmente el mandato de ley que obliga a partidos y candidatos a rendir cuentas claras sobre sus gastos de campaña, en adición a lo cual se reclamará aplicar consecuencias penales contra quien incurra en violación a esos preceptos.

Se requiere impedir que con dinero público o proveniente de actividades ilícitas, se pueda acceder a cargos de elección popular, incluido la presidencia de la República, por lo que la JCE está compelida a fiscalizar hasta el mínimo centavo que emplee cualquier aspirante o partido en esta fase del proceso electoral.

La sanidad de la democracia y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades es incompatible con el torrente de dinero proveniente de corrupción o narcotráfico que suele inundar los procesos electorales. Esta vez, según la Junta, hay que pelear limpio.