Que un Estado sea poderoso se consigue, frecuentemente, a costa de la pobreza del pueblo. Postulado que los gobiernos democráticos, sobre todo con vocación mercantilistas como éste de Leonel Fernández, asumen como bueno y válido.

Pero que los grupos adyacentes a la maquinaria estatal formen parte de las fuerzas enfrentadas a la voraz política fiscal del Gobierno es ya preocupante. Aliados tradicionales enfrentados como señal de un desenlace tan riesgoso como impredecible.

Con las directrices del ejecutivo, el Senado aprobó nuevos impuestos sin hacer caso a las advertencias de los empresarios, a saber: industriales, productores de zonas francas y bancas de apuestas.

Todo esto, al tiempo que el candidato a la vicepresidencia por el PRD, Luis Abinader, denuncia el abultamiento de las nominas en el ministerio de Industria, la dirección de Aviación Civil, en la Cancillería y otras dependencias estatales. Ni la crisis ha impedido que el presidente Fernández siga utilizando el presupuesto público con fines politiqueros», sostiene.

Es decir, por un lado se sacrifica al pueblo y los sectores productivos mientras el clientelismo político se traga los fondos públicos.

Y lo relevante de todo esto es el componente detonante oculto tras las diferencias empresarios-Gobierno. Los sectores representados en el CONEP saben muy bien que transferir estos impuestos a los costos, por tanto, a los precios de los productos de consumo diario, es ya improbable. ¿A quién le van a vender algo que nadie puede comprar?

Conciencia popular y voz de alerta, la Iglesia se ha expresado a través del padre Santiago Batista, quien se ha mostrado preocupado sobre una posible revuelta social como resultado del paquete fiscal a punto de ser promulgado.

El Presidente, desentendido como está de los temas locales, alimenta el derroche del erario. El cuadro no podía ser más provocador e indignante.