Algunos empresarios y analistas se han referido a la reciente recompra de EDE ESTE por parte del Gobierno, con parecidos argumentos a los utilizados en el pasado para criticar el involucramiento del Estado, por ejemplo, en la fabricación y venta de cemento o de harina, sin reparar en que la electricidad y el mercado eléctrico son asuntos muy diferentes. En realidad, sea privado o estatal, para que un sistema eléctrico sea sostenible en términos financieros debe ser organizado de manera que cumpla con dos cuestiones esenciales:

(1) Generar incentivos para atraer inversiones a tiempo en las áreas claves del sector. (2) Contar con una fuerte y transparente regulación normativa y para la formación de tarifas realistas libres de la discrecionalidad política y las prácticas monopólicas.

Además, la construcción e instalación de plantas, transformadores y redes eléctricas deben ser sustentables en términos ambientales. Por razones tecnológicas y de cómo funciona en la practica la industria eléctrica, esas condiciones no se logran con un simple cambio de propiedad de público a privado o viceversa. Existen en el mundo ejemplos notables de servicios eléctricos estatales exitosos y también de privatizaciones que han resultado altamente positivas. Ahora bien, debido a la fantástica cantidad de dinero que circula por el sector eléctrico, el gran número de empleos que tienen sus empresas, junto a su condición de servicio domiciliario de consumo masivo, dicho sector se ha convertido en una verdadera tentación populista para la clase política. Lo arriba indicado sugiere, que la solución de la crisis eléctrica no es un simple asunto de cambio de propiedad.

La Capitalización fracaso porque aunque la Ley de Electricidad propone un modelo aceptable, la secuencia seguida en su implantación y los enrevesados contratos originales en beneficio de algunos generadores privados mataron en la cuna la criatura.