Nunca la sociedad tuvo dudas de que la manera alegre en que se llevó a las escuelas los textos integrados sólo podía justificarse en la acción de un buen negocio. Alrededor de 600 millones de pesos de los contribuyentes dilapidó el ex ministro Melanio Paredes para copiar en el país un proyecto con antecedentes de fracasado en México.

No hubo consultas técnicas ni compás de espera, el proceso fue llevado como caña pal ingenio. Nunca hubo interés en crear una escuela piloto para, al final del año escolar, evaluar los resultados y determinar si los contenidos eran asimilables.

Todo había que hacerlo rápido, porque había que firmar el contrato por 215 millones de pesos que se gastó en la elaboración y edición. A esto hay que sumar otros 300 millones por editorial e impresión.

Y se dice que hubo otros 100 millones para promover y defender el proyecto. Esto lo determinará la auditoría que en algún momento debe hacerse en el Ministerio de Educación.

También habrá de determinarse los lazos de parentesco entre el ex ministro Paredes y el impresor Antonio Taveras, uno de los favorecidos con este proyecto.

Pero, amén de los recursos económicos perdidos, la gran interrogante es: ¿Qué pasará ahora con más de un millón de estudiantes del primer ciclo de básica que no aprendieron nada este año escolar por el invento de los textos integrados? ¿Quién responderá y en qué instancia por ese desaguisado?

El informe de la Comisión que designó el presidente Leonel Fernández fue claro en sus conclusiones, y recomienda suspender el uso de estos textos y buscar alternativas para suplir los contenidos faltantes en el programa curricular.

Así como que partir del próximo año escolar se utilicen nuevos textos, en los que se aplique el concepto de integración del currículo como estrategia de globalización de contenidos.

El invento no sirvió, y la sociedad se pregunta sobre el destino de los responsables de la estafa.