El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, ha advertido que la sociedad dominicana llorará lágrimas de sangre si la Asamblea Revisora instituye en la Constitución de la República una Sala de Garantía Constitucional, como ha propuesto el Poder Ejecutivo.

Tal advertencia debería servir para que al menos los asambleístas ponderen con sumo cuidado los efectos que sobre el Poder Judicial y el estado de derecho tendría el injerto en la Carta Magna de una institución que ha causado desazón en otros países.

El magistrado Subero Isa sostiene que esa Sala o el tribunal de Garantías Constitucionales, sugeridos por otros sectores, significarían el desmembramiento del Poder Judicial y echaría por el suelo la seguridad jurídica.

La advertencia del presidente de la Suprema Corte conecta directamente con el todavía frágil principio de separación de los poderes y, por consiguiente, con el estado de gobernabilidad, que quedaría severamente lesionado, a juzgar por el planteamiento de ese magistrado.

Con ese injerto constitucional se cercenaría la vital función de control de la constitucionalidad, que el texto sustantivo vigente otorga a la Suprema Corte, que en la práctica tendría un penoso e intrascendente papel de subordinación frente a una supra estructura jurídica a su vez vulnerable al control del poder político o económico.

Los redactores del proyecto original de modificación constitucional no han podido demostrar las bondades que tendría instituir una sala o tribunal de control de la constitucionalidad, como tampoco ha sido posible garantizar que ese modelo no acarrearía los mismos problemas surgidos en otras constituciones.

Resulta absolutamente imperativo que la Asamblea Revisora se despoje de pasiones y prejuicios y pondere la responsable advertencia del magistrado Subero Isa.

La Sala Constitucional que se propone ostentaría mayor poder que la Suprema Corte de Justicia y sus decisiones sobre control constitucional colisionarían con la propia jurisprudencia que conforman las sentencias del máximo tribunal de la nación, sin que se llegue a precisar cuál sería el órgano judicial de referencia en la aplicación de la ley.

A oídos de la comunidad jurídica, política y académica debería llegar la advertencia del presidente de la Suprema Corte de que el país lloraría lágrimas de sangre si se llega a insertar en la Constitución la figura de la Sala Constitucional.