El impuesto sobre la renta (ISR) es uno de los tributos más importantes por nivel recaudatorio que tiene nuestro país, representando cerca del 40% de todo lo que el Estado obtiene a través de los esfuerzos de la Dirección General de Impuestos Internos. Dentro de este, el ISR que se cobra a las empresas representó un ingreso de más de $58 mil millones de pesos en el 2013. Con una tasa que ha estado bailando entre el 29% y el 25% de la renta neta de las empresas en las últimas reformas fiscales, República Dominicana mantiene una tasa semejable a las de sus pares de Centro América. No obstante esto, la realidad es que el ISR sobre las personas morales es una limitante a la inversión y al desarrollo, castiga de forma irracional a la creación de riquezas, y su constante desvirtúe para acomodar a industrias específicas mediante incentivos está sirviendo como un despropósito económico y fiscal que debería ser replanteado.

La República Dominicana está enfrentando una dificultad real de atraer inversiones tanto a lo interno como a lo externo que le permitan incrementar la oferta laboral, generar salarios competitivos y aumentar sus recaudaciones fiscales para dar cumplimiento a sus obligaciones presupuestarias sin necesidad de acudir al endeudamiento externo. Mientras una proporción enorme de la economía se mantiene en el sector informal, las inversiones de mayor envergadura en el sector formal están casi enteramente enfocadas a las industrias respaldadas por fuertes incentivos fiscales entre los que se incluyen la exención total o la limitación significativa al ISR de las personas morales. No debe sorprendernos pues como es posible que nuestro país se ha venido dando el lujo de hablar simultáneamente de un crecimiento de la economía y luego de una reducción paulatina de la presión fiscal.

Los distintos vehículos societarios y empresariales son la manifestación más común de la inversión, dinamización del comercio y la formalidad de la economía, canalizándose a través de estos los capitales para el desarrollo de los diversos emprendimientos comerciales. La existencia de ese ISR a las personas jurídicas pudiera ser uno de los obstáculos más significativos para la inversión en nuestro país, y la formalización más acelerada de nuestra economía, un hecho que luce reconocido por el Estado dominicano que siempre utiliza su sacrificio como primer incentivo para atraer inversiones en sectores específicos.

No creo racional pedir una eliminación total del impuesto, pero si entiendo necesario replantearnos sus objetivos. Reducir la tasa imponible a 10% y al mismo tiempo eliminar los demás impuestos que gravan las rentas de personas jurídicas creando distorsiones, junto a una eliminación total de incentivos fiscales con cargo a dicho impuesto para compensar cualquier posible reducción en las recaudaciones, pudiera ser un primer paso útil para hacer nuestro país más atractivo para las inversiones y al mismo tiempo impulsar la formalización de nuestra economía interna. Son solo ideas a considerar a medida que se calienta el tema de una nueva reforma fiscal.