En el pórtico del edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia hay una pancarta con la siguiente inscripción: ¿Quiere usted ser juez? Y enumera las condiciones requeridas para optar por esa posición e inscribirse en la Escuela Nacional de la Judicatura. La invitación se debe a la falta de titulares en muchos tribunales.

Existe una necesidad urgente de designar nuevos jueces en virtud de los retrasos en los fallos de los expedientes que conocen los tribunales, administrando una justicia tardía, que se convierte en injusticia. La mayoría de los jueces de paz son suplentes. Algunos trabajan mediante contratos.

Se requiere de magistrados con suficiente preparación. Ocurre que se están emitiendo fallos que se apartan de lo que manda la ley, incurriendo algunos jueces en responsabilidad civil por el daño que ocasiona un veredicto sin sustento legal.

Lo primero que debe hacer un juez es conocer el ámbito de su competencia para verificar los asuntos que les son sometidos. Una vez un magistrado es apoderado del expediente, debe actuar estrictamente apegado a la ley, porque de hacer lo contrario su fallo carecería de base legal.

La Ley de Jurisdicción Inmobiliaria establece que se reputan contradictorias las sentencias en litis sobre derechos registrados, cuando el juez haya comprobado que las partes están debidamente citadas. Sin embargo, un magistrado de un tribunal de jurisdicción original pronunció el defecto contra una parte incompareciente. Este proceder es contrario a la norma.

En materia de tierra, el derecho común es supletorio a la Ley de Registro Inmobiliario, lo que significa que la ausencia de una regulación en esa jurisdicción es suplida por la legislación ordinaria.

Para corregir la ilegalidad de las decisiones de los tribunales inferiores, existe el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que examina si la ley ha sido bien o mal aplicada. El recurso de casación no es un tercer grado de jurisdicción y, por vía de consecuencia, no estatuye sobre el fondo del proceso.