La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declinó por ante el Tribunal de Menores el juicio contra uno de los implicados en el asesinato de la mayor de la Policía Paula Mercedes, porque el imputado carece de cédula de identidad personal.

El fallo contó con el voto disidente del juez Francisco Ortega, quien opinó que la presunción de minoridad señalada en la ley 224 se aplica al imputado que carece de acta de nacimiento, situación que no se corresponde con Alberto Suárez Flores, acusado de disparar a quemarropa contra la oficial.

Sin menoscabo de la controversia jurídica sobre la aplicación del estatuto que ampara a los menores en conflicto con la ley, esa sentencia declinatoria revela el drama que para la justicia y la sociedad representa el auge de los crímenes y delitos perpetrados por niños y adolescentes.

Al amparo de la citada ley, los menores que incurren en asesinatos, homicidios, narcotráfico, atracos, violaciones u otros crímenes, son condenados a un tipo de internamiento por tiempo no mayor a dos años.

Ese estatuto sustituyó una antigua ley que otorgaba al juez potestad de poder determinar, con el auxilio de especialistas de la conducta, si el menor infractor actuó con discernimiento al momento de perpetrar el crimen, en cuyo caso sería juzgado como adulto.

Por el inusitado número de crímenes y delitos en que involucran a menores con edades entre 15 a 17 años, resulta comprensible reclamar que se explore la posibilidad de retornar al estatuto anterior y a la figura del discernimiento.

Ninguna ley penal debería operar como estímulo a la delincuencia tal cual parece ser el efecto de la legislación que exonera a un menor, consuetudinario infractor, de la normativa procesal ordinaria sin que se autorice siquiera a establecer si a pesar de su edad ha actuado como adulto.

Es verdad que la justicia no puede sustituir a la familia como ente formador y forjador de una niñez y adolescencia compatibles con elevadas formas de convivencia social, pero es claro que el juez y el fiscal tienen el deber de prevenir, perseguir, juzgar y castigar los crímenes y delitos, a partir de la presunción de discernimiento del agente infractor.

Un menor cercano a la mayoría de edad ha sido acusado de asesinar a quemarropa a una oficial de la Policía. Ese joven queda ahora amparado en una ley especial que lo pondrá en la calle en menos de lo que canta un gallo. Por ese y por muchos otros crímenes atribuidos a menores, la justicia y la familia deberían estar en el banquillo de los acusados.