El Ministerio Público anunció que impulsará un ambicioso plan de innovación que incluye la digitalización de expedientes, el uso de inteligencia artificial y cámaras corporales para fiscales, con el objetivo de garantizar la transparencia en los allanamientos y que cada proceso esté respaldado por evidencia técnica irrefutable.

Durante la presentación del Plan Estratégico Institucional 2026–2029, el procurador adjunto Reynosó enfatizó que la legitimidad del sistema de justicia depende de un Ministerio Público de “puertas abiertas”, que priorice la protección de las víctimas y el trato digno, transformando la experiencia del usuario mediante la escucha activa y la eliminación de barreras de acceso.

El plan, concebido como una hoja de ruta para profundizar la mejora del servicio y la generación de impactos tangibles, se fundamenta en tres ejes estratégicos: compromiso, eficiencia y transparencia, para consolidar una institución moderna, confiable y abierta.

En ese marco, la institución se compromete a liderar una persecución penal estratégica firme contra el crimen organizado, incluyendo corrupción, narcotráfico, cibercrimen, trata y tráfico de personas, así como los delitos especiales como la violencia de género e intrafamiliar, el maltrato infantil, la delincuencia juvenil y todas las manifestaciones criminales.

Asimismo, se establece la transformación completa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), desde el capital humano hasta la infraestructura y la tecnificación con equipos de última generación.

El Ministerio Público también afianzará su proximidad con la comunidad mediante el establecimiento de fiscalías comunitarias y centros de atención integral.

Parte esencial del Plan Estratégico es el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, para lo cual se establecen múltiples objetivos institucionales.

Apoyo técnico

La elaboración del Plan Estratégico contó con la asistencia de la Agencia Española de Cooperación (Aecid), así como del experto internacional Javier Vallejo Poza, de Coast to Coast Consulting, y de la nacional Michel Camacho.

El proceso incluyó la consulta a más de 500 colaboradores, además de sectores como el Poder Judicial, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil.