Los colores del partido y la persona del presidente de la República, son indiferentes. La suerte de los empleados públicos sin apellido, medios y de base, sigue siendo la misma.

No es el caso de un cambio de inquilino en la casa de gobierno; no es la sustitución de un partido por otro en la dirección de la cosa pública.

El calvario de los empleados indefensos se produce y reproduce durante el mismo mandato; con el mismo partido y en la misma administración del gobierno.

No lo recuerdo tanto en los gobiernos balagueristas. Pero en los del PRD y el PLD, el fenómeno y la práctica han sido recurrentes.

Hace poco, en el Instituto de auxilios y viviendas, Inavi, se produjo un aluvión de cancelaciones que, por razones lógicas, debió afectar principalmente a los militantes peledeistas.

Esta vez, el calvario toma como escenario a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. Los cancelados oscilan entre los 500 y 600, según se reporta, entre los cuales se encuentran técnicos y empleados administrativos.

Defender a los despedidos, no es tarea fácil. A los ojos de muchos, los cancelados son vagos, que llenaban nominas parasitarias, y su destitución es una medida profiláctica, en beneficio de la empresa del Estado.

Esto último habría que demostrarlo, y no creo que Celso Marranzini esté dispuesto a someterse a esa prueba. Después de todo, él no es político, y mucho menos llegó al cargo por que lo pidió.

Adonde quiero llegar es a la conclusión de que los chiquitos, la gente de abajo, los que carecen de padrinos, siguen siendo los mismos desgraciados.

La militancia política no garantiza nada. El simple cambio de incumbente basta para que un infeliz dominicano pierda el empleo, y con ello el derecho a la sustentación suya y de su familia.

La democracia partidaria no tiene respuesta, y sin distinción de partidos y de gobierno, el calvario es el mismo.

¿O será verdad, que en la política los ciudadanos solamente son importantes el día de las votaciones?