El Ministerio de Defensa aplica un operativo de seguridad en la muy densamente poblada barriada de Guachupita, en la zona norte del Distrito Nacional, para disminuir el alto índice de delincuencia y criminalidad que agobia a sus residentes que han recibido a los militares como sus salvadores.

Si esa iniciativa militar se ejecuta en comunidades donde a diario se perpetran robos, atracos y asaltos, entonces tendría que repetirse en la mayoría de los barrios del Gran Santo Domingo y de no pocas provincias.

No se niega la pertinencia de la presencia militar en comarcas virtualmente en poder de la delincuencia, porque aunque sea por unos días, los vecinos pueden respirar sin el miedo de tener a un delincuente detrás como si fuera su sombra.

Aunque el abordaje militar se recibe como remedio de efecto inmediato contra la delincuencia, no debe olvidarse que se trata solo de un calmante que alivia un dilatado malestar social que requiere de medicina de más amplio espectro.

No hay que ser un clarividente para predecir que los delincuentes retornarán a su faena al día siguiente cuando los militares abandonen Guachupita o cualquier otro barrio carenciado objeto de tan plausible operativo de seguridad ciudadana.

Esas comunidades excluidas requieren de una intervención de otro tipo relacionada con la promoción de empleo, capacitación, educación, cultura, deporte, salud, vivienda, agua potable, electricidad, arreglo de calles y cañadas.

El microtráfico constituye hoy la más accesible fuente de empleo para niños y jóvenes que venden y consumen drogas en esas barriadas, porque no tienen acceso a una escuela vocacional ni posibilidades de entrenarse o capacitarse para conseguir un empleo digno.

Los barrios reciben a los militares como sus héroes que los liberan aunque sea por un tiempo de sufrir atracos, asaltos o violaciones, pero su gente anhela que algún día arribe a esas comarcas el gran ejercito de la justicia social, para que los libere por siempre de la miseria y la marginalidad.