El acuerdo firmado ayer entre el Estado y el Sistema de las Naciones Unidas, mediante el cual la ONU se compromete a apoyar los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, ayudará al Gobierno a reencauzar la lucha contra la prevaricación y crímenes conexos.

Ese convenio cae como anillo al dedo porque proporcionaría asistencia técnica a los funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de la ley, a los encargados de la formulación de políticas públicas y al sistema de justicia en general, lo que obviamente evitaría que en esas tareas se propinen palos a ciegas.

El memorándum de Entendimiento, rubricado en presencia del presidente Luis Abinader, por el canciller Roberto Álvarez, la procuradora general, Miriam Germán y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, incluye entrenamiento a los funcionarios públicos en materia de inteligencia ética y lucha anticorrupción.

Es posible que cuando ese acuerdo entre en vigor y se apliquen todos los programas señalados por el Sistema de la ONU, se comprenda mejor a nivel del Gobierno, Orden Judicial y sociedad civil, la complejidad que representa prevenir, identificar, perseguir y someter a funcionarios y particulares vinculados a ilícitos de peculado.

Se requiere de mucha voluntad política, pero también de intensa capacitación individual y colectiva a nivel de la Administración Publica, así como promoción de la institucionalidad para poder frenar la corrupción en el aparato estatal, cuya última etapa siempre deberá estar en manos del Ministerio Público y de los tribunales de la República.

Es por eso que se debe poner atención a la advertencia formulada por la procuradora general, de que llevar a la prisión a una persona no es una decisión que debe tomarse a la ligera y que para ello se necesita tener motivos serios, lo que obliga a las autoridades a recolectar evidencias precisas y concordantes en todos los casos de corrupción.

La magistrada Germán ha dicho que a la hora de procesar a alguien se requiere contar con motivos serios, pruebas suficientes y el “peligro de culpa”, lo que indica el valor técnico y procesal que tendría ese acuerdo con la ONU, porque prevé asistencia y capacitación a los funcionarios a cargo de prevenir y perseguir la corrupción.

La sociedad abriga esperanza de que a partir de ese convenio el Gobierno emprenderá una cruzada efectiva contra toda forma de prevaricación, sin privilegio ni discrimen, con la prevención como norte y el sometimiento a la justicia como regla general a funcionarios y cómplices contra quienes se compruebe la comisión de actos de corrupción.