Por enésimo año, en 2010 la crisis del sector eléctrico constituye el problema mayor de la economía dominicana, un mal que por décadas agobia a la población e impide el despegue del sector productivo, cuyos costos de producción se encarecen por una elevada factura eléctrica, y porque debe suplir el déficit energético con la operación de plantas alternas y la compra de combustibles.

En 2008, cuando afloró la crisis global, el gobierno realizó transferencias a la industria eléctrica por unos dos mil 200 millones de dólares, equivalentes a más de 43 mil millones de pesos, y el año pasado, cuando hubo una reducción sustancial en los precios del petróleo, el subsidio a ese sector sobrepasó los 700 millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos.

A pesar de esas exorbitantes transferencias presupuestarias, a la industria eléctrica no se agregó en los últimos cinco años ni un sólo megavatio, procedente de unidades convencionales, pues el escaso crecimiento ha sido por algunas pequeñas presas, en cuya construcción el Estado ha debido invertir centenares de millones de dólares.

Puede decirse que la industria eléctrica nacional es un barril sin fondo, por donde se han arrojado casi dos mil millones de dólares en sólo dos años, sin que ese amarre pudiera avanzar siquiera un milímetro.

Aun así, ese sector se convirtió en uno de los de mayor rentabilidad para sus añejos inversores, los que a pesar de la crisis económica reportaron pingues beneficios y lograron que se insertara en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pago, con crédito externo, de una deuda por más de 500 millones de dólares que nunca fue revisada ni evaluada.

Ahora que la crisis eléctrica tocó fondo, se diseña un programa de recuperación que excluye, al menos por ahora, la revisión de contratos o acuerdos onerosos o viles entre intervinientes y el Estado, que tampoco crea obligaciones al sector privado para que subsane males como el uso de combustibles caros en plantas, cuyos operadores cobran millones de dólares por mantenerlas apagadas.

Las nuevas autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), creen que la crisis sería conjurada con una inyección estatal al sector de más de tres mil millones de dólares, a más de que todo el mundo pague por un servicio caro y deficiente. Nada se habla de renegociar el Acuerdo de Madrid ni de revisar contratos viles con operadores independientes.

Lo que se presenta como vía nueva para alcanzar una solución a la crisis eléctrica, es en realidad un camino viejo que lleva a ninguna parte, por lo que no hay que ser mago para vaticinar que la industria eléctrica volverá a navegar en circo.