Como ha sido costumbre, Estados Unidos se erige en censor mundial sobre el desempeño de regulaciones relacionadas con derechos humanos, narcotráfico, migración, terrorismo o trata de blanca, tema abordado ayer por Mike Pompeo, secretario de Estado, e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

En el informe presentado por la oficina de Pompeo de señala que el Gobierno dominicano “no satisface plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas», pero admite que está haciendo importantes esfuerzos para lograrlo.

No resulta agradable que una nación, por poderosa que sea, se erija en ombligo del mundo y se arrogue derecho para rechazar o aprobar efectividad de políticas públicas de otras naciones o voluntad del Ministerio Público para aplicar los estatutos jurídicos que correspondan.

El Departamento de Estado reconoce que en República Dominicana se ha revisado la ley sobre la trata de personas para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 años con fines sexuales, además de aumentar las investigaciones y enjuiciamientos, así como la capacitación de personal de la Policía Turística en materia de trata y menores de la calle.

En su informe, el gendarme estadounidense censura al Gobierno dominicano porque supuestamente no informó sobre el resultado de investigaciones sobre complicidad oficial en casos de delito de trata de personas y porque el procurador general, Jean Alain Rodríguez, habría reemplazado en 2018 a “sus mejores y más experimentados fiscales».

Pompeo recomienda establecer indicadores de tráfico entre venezolanos, haitianos y otras personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación para identificar a víctimas y evitar que vuelvan a ser manipuladas por traficantes, además de aplicar protocolos para identificar a adultos y niños objeto de trata de personas y ofrecerles protección.

No se niega que las recomendaciones contenidas en el informe del Departamento de Estado sobre el crimen de comercio ilícito de personas con fines sexuales o migratorios puedan ser útiles u oportunas, lo que se rechaza con vehemencia es el papel de política internacional asumido por Washington.

El Congreso debe adecuar esa ley a la legislación internacional, lo que se lograría con la eliminación del requisito exigido a las víctimas menores de 18 años de trata sexual de tener que demostrar que el victimario incurrió en fuerza, fraude o coacción. Eso y mucho más se puede hacer sin necesidad de que lo ordene ningún procónsul.