POR: Julio Cury
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Estoy convencido de que el proyecto de ley sometido por la SCJ para “regular” el ejercicio del Derecho, se lleva de encuentro el derecho a la igualdad consagrado como fundamental en el artículo 39 de nuestro Supremo Estatuto Político. Lo explico: todos somos iguales ante la ley, gozamos de las mismas libertades, oportunidades y derechos, incluido el de recibir de las autoridades la misma protección.

Si los médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresa y demás profesionales no tienen que someterse a reválidas para acceder al ejercicio de sus profesiones, es claro que los abogados recibirían un tratamiento diferenciado ante la masificación ofrecida como justificación de dicha exigencia.

La igualdad en la aplicación de la ley constituye un límite al legislador, por lo que dos supuestos de hecho que sean iguales, en este caso recibirse de profesional de un alto centro académico, no pueden aparejar consecuencias jurídicas diferentes. Por otro lado, los dos años de duración de la pasantía propuesta mueven a carcajadas, con la agravante de que no se remunerarían, acaso como si un hombre de 20 o 22 años, ya graduado, no tuviese necesidad de un trabajo que le permita sustentarse.

La SCJ debe entender que la crisis no es de la carrera, sino del sistema. Nada va a cambiar si las instituciones judiciales no mejoran su rendimiento, y sobre todo, si el Consejo del Poder Judicial fracasa en su empeño de que los jueces cumplan con probidad los deberes puestos a su cargo. La mala percepción que se tiene de la Justicia no es ni podría ser jamás culpa de la mala formación de los abogados, sino del egoísmo de funcionarios judiciales que se han complacido en aplicar la ley a imagen y semejanza de sus propios intereses. Ese es el problema.