República Dominicana está compelida a actualizar o ampliar el marco jurídico que ampara la exploración y explotación minera en el que confluya preservación del medio ambiente, seguridad jurídica, estímulo a la inversión y garantía de que el Estado obtendrá adecuada participación en beneficios o utilidades.

Los aportes del sector minas y canteras al Producto Interno Bruto (PIB) se reducen significativamente, lo que se atribuye a la incertidumbre o carencia de base legal para desarrollar un tipo de minería responsable que no colisione con la conservación de los recursos naturales.

El Ministerio de Energía y Minas ha preparado un anteproyecto de ley sobre minería nacional, cuyo contenido debería ser ponderado y consensuado por la Cámara Minera y Petrolera, instituciones vinculadas con la defensa de bosque, agua, flora y fauna y de comunidades con potencial minero.

Al anteproyecto presentado por el Ministerio de Energía y Minas se le atribuye excesiva burocracia, control estatal sobre áreas, como la comercialización de metales y lagunas jurídicas que harían difícil las inversiones que se requieren en las áreas de exploración y explotación.

La Cámara Minera y Petrolera objeta que en ese anteproyecto de ley se permita la participación del Estado a través de una empresa estatal en proyectos mineros, lo que a su juicio lo convertiría en juez y parte, además de alentar el temor a que se desarrolle una tendencia nacionalizadora.

Se alega que el Estado carecería de capacidad de inversión, de tecnología y del conocimiento del negocio para llevar a cabo un proyecto minero en el que tendría hasta un 50% de participación accionaria, aunque tampoco se puede pretender que el sector privado nacional o extranjero administre el santo y también la limosna.

Apenas el uno por ciento de los proyectos de exploración minera llegan a convertirse en negocios mineros, en un periodo de tiempo de entre siete a 21 años, por lo que se requiere un marco legal que incentive la inversión en ese sector de manera agresiva al amparo de reglas claras y de riguroso control.

La economía dominicana requiere de un mayor aporte del sector minero, lo que puede lograrse a través del fomento de una minería responsable, supervisada por instituciones internacionales creadas para tales fines, además de un régimen jurídico garantista del medio ambiente y que a su vez estimule inversión y alta tecnología en la extracción de oro, plata, cobre y ferroníquel.