No sería de buen agrado que las autoridades pretendan escenificar alguna novela o drama con la detención del taxista que se dice entregó a El Nacional el sobre cerrado con las cinco fotos que se cree corresponden a Sobeida Féliz Morel.

Joaquín Santamaría fue apresado el viernes en la intercepción de las avenidas Máximo Gómez y San Martín, pero la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijeron ignorar ayer el paradero del taxista, a pesar de que su vivienda en Villa Altagracia fue allanada la noche antes.

No se niega lo pertinente que sería interrogar a ese taxista en torno a la persona que le encomendó entregar a El Nacional, el sobre cerrado con las fotos de una supuesta Sobeida amordazada, atada de manos y a quien alguien le apunta a la cabeza con una pistola.

Lo que no se entiende es la razón por la que Policía, DNCD y Fiscalía pretendan convertir la detención y paradero de ese ciudadano en secreto de Estado.

Sin importar que Santamaría resulte el eslabón perdido, hay que señalar que la encomienda que cumplió no constituye delito alguno, pues es común que los taxistas sirvan de correo para el envío de documentos o paquetes de un lugar a otro, como fue el caso del sobre entregado en la redacción de este periódico.

Es posible que ese taxista pueda ofrecer algún dato revelador en torno a la persona que, previo pago de la tarifa correspondiente, le formuló tal encomienda.

Lo que constituye una crasa injusticia y violación a sus derechos es la aparatosidad protagonizada por las autoridades al allanar su casa y ocultar el lugar donde ha sido recluido.

Ese taxista tiene reputación de persona decente y trabajadora en su comunidad y ante compañeros de labores, por lo que no merece ser convertido en centro de espectacularidad en torno a un caso de fuga o rapto al que nadie encuentra hoy pies ni cabeza.

Fiscalía, Policía ni DNCD deberían montarse en el taxi de Santamaría.