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La recién integración de la JCE ofrece lecciones que, en su oportunidad, coinciden con las dejadas por la conformación de otros órganos constitucionales. Unas, me parecen positivas. Otras, negativas, y algunas remiten a aspectos que urge modificar para dotar de mayor credibilidad el resultado de los procesos.

El partido gobernante, con su figura de mayor connotación a la cabeza, desde la campaña electoral prometió altas cortes y organismos de control y fiscalización integrados por personas desvinculadas de entidades partidarias.

Es una de las opciones disponibles para estructurar entidades de este tipo que, desde mi perspectiva, es la idónea, por ser la menos propiciadora de conflictos de intereses.
Desde esa óptica, el presidente de la república ha logrado una resonante victoria, manifestada en una doble dirección.

Por un lado, logró hacer prevalecer su visión ante una matrícula senatorial no del todo proclive a acoger sus directrices y, por el otro, reiteró la disposición mostrada con la designación de la procuradora general de no tener vocación de cooptación de instituciones claves, tan usualmente conformadas con actitud de control. Renunciar a cuotas de poder es, de por sí, un gesto enaltecedor.

En cuanto a la composición de la nueva JCE, considero que, en sentido general, la nación debe estar tranquila.

Se trata de ciudadanos de muy buen perfil, tanto personal como profesional. Basta examinar el historial de su presidente para concluir que su nombramiento es un merecido reconocimiento a su exitoso paso por el TSE, donde demostró capacidad, independencia e integridad, por lo cual, valoro como infundados los motivos que sustentaron la objeción procedente de un partido político.

El elemento negativo, desde mi punto de vista, continúa estando en el esquema de selección llevado a cabo en el senado. Una gran parte de la población está persuadida de que los elegidos no necesariamente lo son como resultado de la depuración efectuada en la cámara alta. Esa sensación, en esta ocasión, lejos de despejarse, quedó reafirmada.
Imposible negar que, una decisión de naturaleza estrictamente política, no va a tener un desenlace signado por matices de esa tesitura.

Eso, no obstante, no es ni debe ser excluyente de un trabajo previo por el estamento a quien la constitución le asigna la tarea que, para dotar de legitimidad su resultado, debe estar caracterizado por el rigor, manifestado en técnicas científicas de contratación de personal y que quienes pasen al pleno senatorial, sean los mejores evaluados. Continuará…

Por: Pedro P. Yermenos Forastieri

ppyermenos@gmail.com