En la corrupción, como para bailar un tango, siempre se necesitan dos. Aunque en la República Dominicana, el montón de leyes, decretos y resoluciones respecto de la lucha contra la corrupción solo han servido para desperdicio de tinta y papel, ese no es, necesariamente, el caso en los países con instituciones más fuertes. Una nueva ola legislativa en los países desarrollados que castiga a sus nacionales por pagar sobornos o emplear medios corruptos para obtener tratos especiales de gobiernos extranjeros, viene a dar un interesante giro sobre la forma aplatanada en la que se les impone operar negocios a los inversionistas extranjeros en nuestros países.

Las declaraciones del embajador de Reino Unido e Irlanda de que una empresa de su país se vio forzada a marcharse porque le fue exigido el pago de un soborno, hicieron levantar los aires nacionalistas que se movilizan cuando un embajador hace este tipo de declaraciones. Sin embargo, el trasfondo de lo dicho por el diplomático, es mucho más profundo que posiciones moralistas agotadas. El problema no somos necesariamente nosotros, es ahora de ellos.

El 25 de octubre, el otrora presidente de la empresa Terra Telecommunications Corp., Joel Esquenazi, fue condenado a 15 años de prisión, y el vicepresidente, Carlos Rodríguez, a 84 meses, por la participación de ambos en un esquema de soborno a las autoridades de Haití con el fin de instalar redes de telecomunicaciones allí. Estas condenaciones han sido las más severas en Estados Unidos bajo la ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) desde su incepción.

El 15 de septiembre la empresa Bridgestone se declaró culpable, y podría enfrentar multas de al menos $28 millones de dólares, por autorizar a sus representantes en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela a pagarles sobornos a miembros de esos gobiernos. El 7 de septiembre, Jorge Granados, Director Ejecutivo de Latin Node, Inc. fue condenado a 48 meses de prisión y $2 millones de dólares de multa por el pago de sobornos al gobierno hondureño.

Casos como esos empiezan a abundar, y leyes similares ya están vigentes en Australia, el Reino Unido y Europa continental. Es por esto que corrupción y sobornos ya no son temas de la soberanía exclusiva de los países donde ocurre, sino adicionalmente de los países de procedencia de las empresas que incurren en la falta. Esto explica que embajadores externen su preocupación en el sentido de que sus nacionales sean forzados a hacer algo por el que podrían ser condenados a multas y prisión, y es totalmente razonable.

Ya será otro tema evaluar la desventaja competitiva que pudiera existir para esos inversionistas frente a empresarios de lugares como China, Brasil y Rusia, que aún gozan de libertad de acción para alimentar la maquinaria de corrupción en nuestros sufridos países. No deja de ser, sin embargo, un interesante desarrollo de los eventos para los países como el nuestro, donde la corrupción se considera casi cultural. Evidentemente, si no estamos en disposición de asumir con seriedad la resolución de problemas tan fundamentales, es solo natural que los afectados por esas malas prácticas y con un poder económico superior se encarguen de imponer desde allá su solución. Los ciudadanos hastiados de la corrupción endémica sin duda les agradecemos, ¡adelante!