El pasado 3 de julio, en la isla de Puerto Rico, con alrededor de cuatro millones de habitantes, más de 25 organizaciones de mujeres y defensa a los derechos humanos, declararon el estado de emergencia nacional, porque a esa fecha, sumaban 21 mujeres asesinadas por masculinos violentos, en la mayoría de los casos, parejas o ex parejas.

Vilma González, coordinadora general de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), manifestaba que la gravedad de la situación es tal que no bastan los mensajes con lamentos, no basta con denunciar o repudiar la violencia, hay que articular un plan: necesitamos todo el cuerpo policíaco adiestrado, jueces y juezas verdaderamente informados y sensibilizados; profesionales de la salud capacitados; escuelas, universidades y lugares de trabajo con la infraestructura necesaria para atender las víctimas y protocolos vigentes.

En nuestro país, de acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de la República, de enero a junio de este año, inclusive, ya eran 110 los feminicidios, en una alarmante escalada de violencias contra la mujer, expresada por la población y las autoridades, sin embargo, el Estado no se compromete en la búsqueda de soluciones.

En una gran parte de los niveles gubernamentales de nuestro país, existe aún indiferencia al género, lo que impide mirar objetivamente las desigualdades entre hombres y mujeres, sus constituyentes culturales y sus resultados, generándose una incapacidad de identificar causas y consecuencias, en un sistema que, para las mujeres, es malogrado.

Las políticas públicas a implementarse en el corto y mediano plazo, para disminuir el feminicidio y en el largo para erradicarlo, son las mismas a aplicar para estrechar las brechas socioculturales entre los géneros, siempre en detrimento de las mujeres, una rutina en el imaginario social que determina la injusticia más grande de la humanidad, cuya mitad, las mujeres, es violentada no solo por individuales machistas, también por un sistema político cultural, que establece generalidades de poder, discrimen e injusticia.

Hace cuarenta y un años que vivo en este país, que he adoptado formalmente con la ciudadanía y hasta la fecha, no he visto ni oído a ningún presidente o funcionario del ejecutivo, llámense ministros/as – fuera de la Ministra de la Mujer, claro- que haya reaccionado con preocupación frente a la muerte misógina de mujeres, estableciendo políticas de prevención. (Mucho menos, a disponer o exigir que se disponga, de un presupuesto decente para hacerlo y evitar que las dominicanas seamos diezmadas).

Señor Presidente, señores ministros/as, ¿No creen que esta situación amerite una Emergencia Nacional que ubique al Poder Ejecutivo entero en la línea de prevenir más muertes de dominicanas?