En nuestro país, abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil, desde 1998, recordándonos que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 19, establece que es obligación del Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.

La sexualidad de las niñas, los altos índices de adolescentes embarazadas, la cosificación sexual de cuerpos infantiles por parte de personas adultas, el crecimiento -como fenómeno- del abuso sexual contra niñas, la falta de redes sociales que las recuperen, la desigualdad de las relaciones y la doble moral de familias y autoridades, deben ser una preocupación para toda la sociedad.

El mes de abril, recuerda, para más de cien países, el derecho de la niñez a ser protegida contra cualquier clase de explotación y respetada espiritual, física y moralmente, a la vez que destapa la realidad de un segmento poblacional vulnerable al poder de las personas adultas.

La situación se agrava por la poca experticia en el frente de atención a estos casos, sumada a la carga de mitos sociales de operadores y operadoras del sistema de atención, que facilitan el maltrato institucional de niñas, sobre todo, y también de niños. Los tribunales dominicanos de niños, niñas y adolescentes, deberían conocer a fondo la violencia basada en el género y sus repercusiones.

Es capacitación que se desligue del conocimiento tradicional, plagado de estereotipos y prejuicios que encubren a los masculinos violentos y entrampan a las víctimas en procesos judiciales traumáticos, para terminar en la completa impunidad.

Como dice la jueza argentina Graciela Jofre, ¨se afecta a niñas y niños silenciando sus relatos o síntomas de abuso sexual, menospreciando y/o sospechando de la veracidad de sus declaraciones (…) Esta concepción impregna el imaginario de los operadores judiciales cuando actúan frente a las denuncias de incesto o violencia de género y es producto de una ideología misógina y patriarcal¨.

La mitificación y sacralización de la familia, legitimando el rol paterno como valor “sagrado”, vulnera profundamente a las niñas en riesgo de trabajo comercial y sexual, pero el Estado no tiene capacidad de intervención porque su ¨ideología¨ es impuesta por la moral religiosa, como si estuviéramos aún viviendo en la teocracia.

Las denuncias que implican víctimas menores abusadas de cualquier manera, no pueden pasar desapercibidas para la ciudadanía y para quienes nos gobiernan, porque mientras sigamos permitiendo que esto suceda impunemente, nos estamos degradando cada vez más!