No hay estadísticas oficiales de cuántos del más de un millón de trabajadores suspendidos por la declaratoria de emergencia nacional a causa de la pandemia de coronavirus han sido reinstalados durante las fases de desescalada de la economía. Lo que se ha revelado es que más de cien mil fueron desahuciados o despedidos.

El cuadro se torna más dramático porque el periodo de suspensión, que oscila entre dos y tres meses, ha concluido sin que se sepa si se mantendrá vigente el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (Fase), a través del cual los trabajadores suspendidos reciben hasta ocho mil pesos mensuales.

La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) gestiona ante el Ministerio de Trabajo prolongar el periodo de suspensión, para evitar despidos masivos, como ha ocurrido en el sector comercial, según reveló la vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar.

El otro problema lo representa la situación de insolvencia que alegan muchas unidades productivas para poder pagar las prestaciones laborales a sus empleados que serían despedidos, por lo que la AIRD considera indispensable mantener vigente el programa Fase.

Debería quedar bien claro que todos los esfuerzos de reactivación de la economía conllevan también reactivar el empleo o evitar despidos masivos, tarea que corresponde tanto al Gobierno como al sector empleador, que no puede limitar su accionar solo a extender el sombrero.

Ojalá que estén dadas las condiciones mínimas de salubridad para la reapertura del sector turismo en la fecha prevista del 1 de julio, incluidos los aeropuertos, lo que permitiría la rehabilitación de miles de empleos, aunque todavía lejos de la cantidad que prevalecía antes de la pandemia.

El desempleo no es ni puede ser opción ni justificación en ninguno de los tramos de desescalada hacia la nueva normalidad, cuya característica principal debe ser la recuperación de los puestos de trabajo y la creación de muchos otros, hasta colocar la cifra de desocupación a niveles moderados.

Gobierno y gremios empresariales deberían consensuar cuanto antes un programa que incluya incentivos económicos o fiscales para que el mayor número de unidades productivas se reinserten en la economía con amplia capacidad de recontratar a los empleados suspendidos o desahuciados. Así debe ser.