El propuesto juicio político a la Cámara de Cuentas (CC), que respalda el Gobierno y objeta la oposición, es pleito sin pie ni cabeza en el cual los contendores tienen solo las de perder porque no hay forma material de que ninguno pueda ganar, aunque cada cual haya intercambiado armas y argumentos.

Ninguna de las banderías políticas posee la mayoría para aprobar en la Cámara de Diputados una resolución favorable al juicio político ni para rechazarlo por lo que la discusión se degrada a dimes y diretes sin ningún sentido.

La actual directiva de la Cámara de Cuentas fue conformada con padrinazgo del PRM que ahora procura que sea destituida por la supuesta comisión de faltas graves imputadas por una comisión especial de diputados, también dominada por ese partido.

En el litoral de la oposición se considera que las faltas atribuidas al presidente y demás miembros de la CC no son tan graves como se argumenta, al tiempo de acusar al Gobierno de pretender controlar a esa institución, pese a que antes de que el gallo cantara formulaba críticas al desempeño de esos funcionarios.

En medio del fuego cruzado la Cámara de Cuentas se encuentra virtualmente paralizada, afectada por una profunda crisis de reputación, sin poder revisar siquiera uno de los centenares de auditorías varadas ni ordenar experticias contables a las gestiones administrativas del Gobierno.

La ley confiere a esa institución 22 funciones, que incluye practicar auditorías externas a organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, así como identificar violaciones a normas establecidas que den origen a responsabilidad penal, civil o administrativa.

Las faltas graves o menos gravosas imputadas a sus integrantes han degradado de tal manera a ese órgano con rango constitucional, que no podría recuperarse de su quebranto sin importar si se recurre al juicio político o si logran sobrevivir al lodazal que ya sepulta cualquier vestigio de credibilidad.

Gobierno y oposición deberían estar conscientes de que sin previo acuerdo político no sería posible resolver la crisis que abate hoy a la Cámara de Cuentas, pero además de que si insisten hundir ese conflicto en fango electoral podrían infectarse con la misma enfermedad de pérdida de reputación y de credibilidad.