No extraña que este 2011 se asome asustado, como si tanta responsabilidad de cambios agobiara los comienzos de un nuevo año que arrastra y espera mucho, entre todo eso, la historia de Tita, otro de los activos sociales, entresacada para compartir con ustedes.

Con tan solo 7 años, Tita asistía a una escuela básica de Navarrete, donde vive con su abuela, visitada frecuentemente por su padre, residente en un municipio de Puerto Plata, mientras su madre viaja fuera del país, a trabajar por períodos de hasta un año, para sostener y mejorar la situación de su única hija, a la que visita por uno o dos meses, compartiendo con ella y el padre de la niña, que es su pareja.

El padre de Tita, de 48 años, acusado por ella y por la abuela, de abuso sexual e incesto, está arrestado, mientras las autoridades y la comunidad, se unen para esclarecer el crimen y apoyar a esa familia en la recuperación emocional y física de la niña y de todas las personas que la rodean.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y/o Sexual, aplica una rutina en estos casos que comprende una investigación minuciosa en el lugar donde ocurren los hechos, para lo que cuentan con personal de Trabajo Social capacitado quienes, además de los informes para el Ministerio Público, se auxilian de las redes sociales, cuando existen en el entorno de la víctima.

Sin esa mínima organización comunitaria sería imposible que la ley aplicada aporte resultados positivos a la recuperación de las personas envueltas directa e indirectamente en un delito tan complejo, una tarea importante que puede restituir en gran parte el daño social causado. Estas acciones, requieren de una municipalidad que sienta, reconozca y aplique la Ley 176-07, que sobre las competencias del ayuntamiento, dice en el párrafo 1, acápite h, del artículo 19, que la promoción de la prevención de la violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo y protección de derechos humanos, es obligación de las autoridades municipales.

Con el caso de Tita, se puso en evidencia que en el ayuntamiento de Navarrete, dirigido por la doctora Amantina Gómez, hay respeto por las leyes 24-97, 136-03 y la 176-07 y conocimiento de ellas.

La encargada del Departamento de la Niñez, Yani Muñoz, asumió la denuncia, coordinó con la Junta de Vecinos/as, con la Policía y con la Unidad de Género de la Fiscalía de Santiago, movilizando voluntades para salvar a la niña.

Eso es lo que tienen que hacer todos los ayuntamientos, más allá de la basura y del embellecimiento físico del municipio, fortalecer la seguridad y responder por la calidad de vida de sus munícipes en coordinación con toda la ciudadanía. Al final, ¡es lo que la ley pide!