Si hoy el sistema eléctrico se encuentra al bordo del colapso se debe, entre otros factores, al temor al precio político que se tendría que pagar por la valiente y necesaria decisión de tomar el toro por los cuernos. Los parches o salidas coyunturales por las que ha optado el Gobierno han tenido un costo incalculable para las finanzas públicas y la tranquilidad de los consumidores.

Gracias a que los torrenciales aguaceros han elevado el nivel de las hidroeléctricas se debe el chin de luz con que opera el sistema. Esas unidades aportan unos 300 megavatios de los 1,266 que hay en línea. Por lo menos en las últimas horas había 27 plantas apagadas y 14 operaban a baja capacidad.

Sin recursos para saldar la deuda por 600 millones de dólares con los generadores, el Gobierno está contra el tiempo para encontrar una salida por lo menos transitoria a la crisis eléctrica. Máxime después que fracasó con el préstamo por 300 millones de dólares que gestionaba con el Banco Mundial para darse un respiro.

La crisis que amenaza con sumir el país en un apagón se remonta a las elecciones de 2006 cuando, por razones obvias, las actuales autoridades optaron por congelar la tarifa e incrementar los subsidios. Sólo en 2008 las subvenciones alcanzaron 1,300 millones de dólares, que de alguna manera pudieron cubrirse gracias al crédito de Petrocaribe.

Un servicio eléctrico en picada tiene al Gobierno en una gran disyuntiva. Y no propiamente por la condición de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pone el Banco Mundial para prestarle más dinero, sino a que con los actuales precios del petróleo no hay cómo justificar un alza de la tarifa eléctrica. De ahí el trabalenguas de las autoridades cuando abordan la problemática.

Cuando el crudo llegó a US$147.5 el barril las autoridades, como si contaran con excedentes presupuestarios, no sólo se permitieron el lujo de absorber las alzas, sino que tampoco escamoteaban gastos. Pero esa política, que cabalgó en los últimos procesos electorales, ahora pasa factura a la economía.

Generadores alegan que la deuda del Gobierno tiene tres componentes: uno que data de 2004, sobre el cual hay acuerdos; otro por unos 200 millones de dólares que comprende el 2008 y para la cual se han emitido bonos, y el que corre en este año, que se dice supera los 200 millones de dólares.

El panorama eléctrico es muy oscuro, porque todavía el Gobierno llegue a un acuerdo de pago con los generadores todo indica, bajo la actual estructura, que será como un bálsamo para una enfermedad que amerita de una difícil cirugía. Debe entenderse.