En una entrevista con el periódico español El País, el ministro de Economía declaró que República Dominicana estaba abocada a abordar una reforma tributaria que garantice apoyos importantes para el sector productivo y la mejora del gasto público, mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la apertura a los mercados.

Sin embargo, desde que el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, cometió la indiscreción de anunciar que después de las elecciones del 20 mayo se abordaría la reforma, que sustentó en peticiones del empresariado y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Gobierno se ha empecinado en negar el proyecto.

Por las consecuencias para el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el legislador no tardó en retractarse. Y hasta el presidente Leonel Fernández negó que la reforma formara parte de los planes del Gobierno, pero sin despejar una percepción que se alimenta de variados y concretos indicios.

Los Gobiernos se cuidan de hablar de incrementar impuestos para cubrir gastos o desarrollar proyectos en medio de procesos electorales. Y en países de instituciones tan frágiles como República Dominicana la tendencia es dar demostraciones de solvencia con incrementos en ocasiones desmedidos para incidir en la intención del votante.

Pero condiciones y advertencias como las del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en el sentido de que la reestructuración del sistema tributario debe ser integral y que no puede supeditarse a la coyuntura electoral refuerzan la percepción de que algo hay en ese sentido. Y de haber alguna diferencia pudiera estar en la naturaleza del proyecto.

La misma insistencia de la comisión económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que preside el doctor Arturo Martínez Moya, no deja de ser relevante. Cuesta creer que el organismo pudiera inventarse las partidas que serían gravadas y los 37 mil millones que pretendería el Gobierno recaudar con el proyecto.

La reforma contemplaría, según el PRD, crear una retención del 2 por ciento sobre el valor de las importaciones, aumentar el itebis del 16 al 18%, eliminar las exenciones a los intereses percibidos por las personas físicas, así como a más de 100 productos, mantener hasta el 2014 el impuesto a los activos financieros y crear un selectivo al consumo de 30% para las bebidas y 40 para los cigarrillos, entre otros.

La revelación podrá tener fundamento, pero cae en el plano de la especulación al no contarse con un proyecto oficial. Pero por las declaraciones formuladas en noviembre de 2011 por el ministro de Educación, la indiscreción del senador de San Cristóbal y la posición del Conep se percibe que la reforma fiscal está en pie, por más que el presidente Fernández y dirigentes del PLD se obstinen en negarlo.

El golpe avisará.