El precio del petróleo aumentó ayer casi un 4% para situarse en 48.92 dólares el barril, después que la Organización de Países Productores (OPEP) acordó reducir la producción en 1.2 millones de barriles diarios a partir de 2017, una noticia que debería poner en alerta al Gobierno dominicano.

La decisión de los 13 países que conforman la OPEP, que en conjunto producen el 72% de la oferta mundial, tendría efectos a largo plazo sobre la comercialización del crudo, cuyo precio Brent, de referencia para Europa, aumentó un 8.6%, hasta US$51.40.
El triunfo de Donald Trump, su promesa de incentivar la construcción en Estados Unidos, el anuncio de Washington sobre posibles sanciones económicas a Irán y una ofensiva rusa para incrementar los precios de sus materias primas figuran entre las razones para que finalmente el cártel del petróleo arribara a ese acuerdo.

La economía dominicana resultaría altamente perjudicada si el petróleo de referencia para la importación nacional se mantiene por encima de los 50 dólares el barril, toda vez que en el Presupuesto del Estado para 2017 se estimó su nivel tope en 48 dólares el barril.

Se ha dicho que cada dólar de incremento en los precios del crudo, significa unos 50 millones adicionales en la factura de importación de República Dominicana, por lo que es válido el temor de que de persistir ese incremento se refleje en un agravamiento del déficit fiscal y en el de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Es obvio que este repentino replanteo en el mercado de los combustibles toma por sorpresa al Gobierno, que había previsto que los precios del carburante se mantuvieran en 2017 por debajo de los 48 dólares el barril, por lo que se requiere de una rápida revisión de la nueva situación para evitar efectos mayores sobre la economía.

Un aumento significativo en el barril de petróleo se expresa negativamente sobre indicadores básicos de la economía como el tipo de cambio, inflación e incremento del déficit fiscal y de balanza de pagos, así como en la reducción de las reservas netas del Banco Central, por lo que se ruega que Gobierno, clase política y sector productivo por esta vez tomen las cosas en serio.