Campaña de descrédito contra la JCE.-

Quienes ejercemos el periodismo de una manera independiente, lo cual no significa que estemos exentos de simpatías hacia un personaje u organización política, recordemos las palabras del Divino Maestro cuando les dijo a los perseguidores de la mujer adúltera que aquel que estuviese libre de pecados tirase la primera ‘piedra, pues pretendían lapidarla y nadie lo hizo y por ello fue perdonada, estamos más que preocupados ante la destemplada campaña de descrédito que desde ciertos litorales se está montando contra la Junta Central Electoral.

Se pretende presentar a los magistrados de la misma, como gente proclives a aceptar soborno o actuar a favor de ciertas organizaciones políticas, lo cual es totalmente falso pues se trata de gente de una honorabilidad sin tachas, y se pretende sustentar las acusaciones contra la misma, alegando el supuesto fraude acaecido en las elecciones primarias internas de los partidos principales, cosa que nadie ha podido hasta ahora demostrarse alegatos interesados que hubo una verdadera avalancha de compra de votos, cosas que sí ocurrió es responsabilidad de aquellos militantes de algunos partidos que aceptaron ese tipo de soborno.

Una máxima del Derecho Romano dice INDUBIO MUTIS, INDUBIO PRO REO, lo que traducido al español significa que quien alega un Hecho en Justicia carga con hacer la prueba del lugar o de lo Contrario sus alegatos son desestimados por los Jueces, y hasta la fecha nadie ha podido demostrar fuera de toda duda razonable, y hasta la fecha nadie ha podido probarle ningún acto de Venalidad a los Jueces de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL.

Lo último es el anuncio de un exjefe de la Policía Nacional de que tiene 5 mil ex agentes de esa institución bajo su mando para nombrarlos como Delegados Políticos de un supuesto partido mayoritario, anuncio ante el cual la JUNTA CENTRAL ELECTORAL debe aprobar una Resolución que impida a todos los exmilitares que puedan participar como delegado políticos antes ninguna mesa electoral, para garantizar la idoneidad de sus resultados.

Pues si tal cosa se acepta, no solo se pondría en peligro los resultados de la elecciones municipales y nacionales de los próximos meses de febrero, y mayo, porque si no se actúa enérgicamente, se atentaría gravemente contra la estabilidad democrática de que disfruta el pueblo dominicano y nadie sabe con certeza lo que podría ocurrir si tal desacierto es aceptado por la JUNTA CENTRAL ELECTORAL.