Las pruebas virales y de anticuerpo para detectar si se tiene o se ha tenido contagio de coronavirus se han convertido en artículos de lujo objeto de burda especulación en clínicas y laboratorios que hacen provecho de la desesperación de los ciudadanos por saber si han contraído la enfermedad.
Se cuentan por centenares las personas que se aglomeran diariamente en el Laboratorio Nacional Doctor Defilló o en unidades móviles de Salud Pública en barrios y comunidades de provincia para someterse a la prueba de la covid-19, propósito que la mayoría no logra alcanzar.
Otros laboratorios no dan abasto ante los centenares de referimientos provenientes de hospitales y centros médicos privados que atienden pacientes con síntomas de coronavirus, al punto de que los resultados de esas pruebas tardan hasta tres semanas para ser procesadas.
La prueba PCR no aparece ni en los centros espiritistas, en tanto que las mentadas pruebas rápidas son objeto de falsificación por desaprensivos que las mercadean hasta por 20 mil pesos el paquete de cinco o seis unidades.
Otros procedimientos que se aplican para detectar anticuerpos que se forman cuando el organismo ha estado expuesto a la covid-19, también son prendas de especulación por clínicas y laboratorios que cobran altísimas sumas de dinero por esas pruebas.
Ante la escasez de la prueba PCR, familias de clase media optan por acceder a procedimientos rápidos que se aplican a través de muestra de sangre para lo cual deben pagar entre tres mil a cinco mil pesos por persona, pero algunas clínicas privadas cobran hasta nueve mil pesos, siendo la lista de espera muy larga.
Tal parece que la Dirección de Epidemiología o el propio Ministerio de Salud no prestan atención a una extendida actividad especulativa que se sustenta en los altos niveles de ansiedad y desesperación que agobian a la población.
Cientos de personas de escasos recursos se aglomeran diariamente para intentar que brigadas oficiales les practiquen pruebas de coronavirus y poder saber si son positivos o negativos al virus, en tanto que otros tienen que erogar miles de pesos para poder acceder a tipos de análisis de conclusiones imprecisas o que resultan falsificados. ¿Quién controla este oleaje de especulación?

