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La Ley de Partidos políticos es de naturaleza orgánica, lo cual implica que para su aprobación se exige mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes en ambas Cámaras. Como se ha visto, en el Senado el asunto pasó sin inconvenientes dada la supremacía de senadores que siguen orientaciones del presidente de la república.
En la Cámara Baja ese predominio no es tan apabullante porque el expresidente Fernández tiene diputados que le son fieles y los bloques opositores están casi unificados en no apoyar la modalidad de primarias abiertas.

¿Quiere decir lo anterior que está descartada la posibilidad de que el proyecto sea convertido en Ley al agotar el tránsito legislativo ante los diputados? De ninguna manera.

Afirmar eso sería olvidar la proclividad de nuestros legisladores para hacer propicia ocasiones como esta para obtener grandes beneficios pecuniarios a cambio de una adhesión entregada sin ningún rubor por carecerse de la capacidad de perturbarse cuando se quebrantan principios y valores. Para sufrir ante situaciones que suponen pérdidas hay que disponer del sentido de pertenencia de lo aparentemente perdido.

Como si lo anterior fuera poco, no sobra recordar que se trata de la necesidad de una mayoría integrada a partir de votos de congresistas presentes, quiere decir que se pueden transar negociaciones que no conlleven la exposición de un voto contrario a lo que se predicaba antes del sometimiento del proyecto.

La ausencia puede ser la contraprestación porque mientras menos asistencias, menos votos requeridos para alcanzar el objetivo. Simular enfermedad propia o de allegados, un viaje imprevisto o cualquier excusa más o menos creíble, cuesta menos que el beneficio recibido.

Asumir ese costo, no obstante, podría no ser del interés del presidente quien, después de todo, al empujar el proyecto en la Cámara Alta satisface el deseo de gran parte de la población de que al fin se promulgue un instrumento legal de este tipo. La responsabilidad de que eso no ocurra no sería, en ese escenario, de su incumbencia.

Así las cosas, todo quedaría como hasta ahora, prevaleciendo una absoluta falta de equidad en los procesos electorales porque quien dispone de cuantiosos recursos tendrá elevadas posibilidades de alcanzar una victoria que, en tales circunstancias, estaría afectada de ilegitimidad.

De esa forma, por concentrarnos de manera exclusiva en el tipo de primarias, nos quedaríamos sin ellas y sin todo lo demás, que es de mayor trascendencia. ¡Que siga la fiesta!