Equidad

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) acordó un aumento de 110 mil pesos de salario para sus miembros, que ahora percibirán RD$360,000 mensuales, en una cívica sumisión a la ley de Regulación Salarial del Estado, que dispone que el monto de esos emolumentos sean homologados con los que reciben los jueces del Tribunal Superior Electoral (JCE).

Esta vez no hubo disidencia entre los jueces electorales, ni fue necesario llamar la atención de algún magistrado por filtrar informaciones a la prensa o emitir juicio de valor contrario a los reglamentos de la JCE. Todos votaron a favor del cumplimiento de la ley.

A pesar de las limitaciones económicas que confronta la Junta, el Pleno dispuso también de un aumento o reajuste salarial con efectividad al mes de agosto y a continuar lo que denomina como “proceso de nivelación salarial”, que según se afirma está desajustado desde 2009.

Siempre se aplaude el interés individual o colectivo por cumplir con el ordenamiento jurídico, aunque en este caso significaría un incremento salarial de 110 mil pesos mensuales para los jueces de la JCE, pero por igual se aplica el viejo aforismo de que “dura es la ley, pero es la ley”.
Lo que resulta difícil entender es cómo un estatuto de regulación salarial alcanza a cubrir previsiones tan particulares como disponer la homologación de salarios entre jueces de dos organismos electorales, y no pudo tomar en cuenta alguna disposición o mecanismo para impedir que miles de servidores del Estado perciban salario de miseria.

¿Por qué no “homologar” el pírrico sueldo de un conserje con los lujosos salarios que cobran sin trabajar muchos miles de políticos y allegados que infectan la administración pública?

También sería válido “homologar” los salarios de jueces del servicio judicial, maestros, médicos, agrónomos con los de funcionarios en posiciones parasitarias que detentan irritantes privilegios laborales, porque de lo que se trata es que la ley irradie justicia y no discriminación.

Los jueces de la JCE han cumplido con la ley al aumentarse 110 mil pesos mensuales, por lo que no serían válidas objeciones ni censuras, pero es difícil poder asimilar que un estatuto legal se fije más en la homologación salarial que en impedir que miles de empleados de la administración pública perciban salarios de miseria.