La Organización de Estados Americanos (OEA) descartó que la falla en el sistema de voto automatizado que motivó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero estuviera relacionada, como se sospechó y denunció, con un sabotaje.
Se decantó por atribuir los problemas, que tanta exasperación crearon, a una “mala gestión” del departamento de informática del organismo. Como sustento de sus conclusiones cita el mal diseño del software, en adición a no contarse con herramientas para detectar o prevenir la avería.
Al no tener mecanismos de control de integridad de la oferta electoral, el software, según la auditoría, era incapaz de detectar cualquier tipo de problema que pudiera presentarse en el proceso de descarga de las boletas electrónicas.
Todavía late la polémica que desató la implementación del sistema, en que hubo descalificaciones y acusaciones de interés en abortar el proceso contra quienes reclamaban desde una auditoría hasta la utilización de manera simultánea del conteo manual de las boletas. Pero se decidió ejecutar el modelo al menos en un 18% de las provincias con la más elevada población electoral.
El día de las votaciones, como se sabe, las máquinas fallaron de forma tan extraña, que parecía que habían sido penetradas por algún “fantasma” interesado en manipular los resultados.
Tras anunciarse la suspensión de las votaciones de inmediato la Procuraduría General de la República y la Policía entraron en acción. Al dar como un hecho que se trató de un sabotaje, antes de que la JCE efectuara alguna investigación o presentara alguna querella, se detuvo al técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado, y al coronel de la Policía, Ramón Guzmán Peralta, jefe de seguridad del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Algo más, el director de la Policía, Ney Aldrín Bautista Almonte, vinculó a los apresados con una trama para abortar las elecciones. Pocos dieron crédito a la versión y cuando se acordó la auditoría Regalado y Guzmán Peralta fueron dejados en libertad.
El informe de la OEA no ha despejado las incógnitas. Aunque el técnico Gerardo Icaza declaró que el estudio incluiría, además de la revisión de los equipos, entrevistas a personas, no se sabe si se habló con Regalado, Guzmán Peralta, Bautista Almonte, el fiscal que actuó en el caso, el coronel Koji Maruyama y el director de informática de la JCE, Miguel Ángel García. Sin importar que la sospecha de fraude quedara descartada no deja de llamar la atención que horas antes de las elecciones se modificara el proceso de carga de la boleta electrónica.
En el informe no se establece el propósito. Solo se dice que no se contaba con suficiente tiempo para pruebas ni controles para garantizar el funcionamiento del sistema. Y no son todas las incógnitas.
