El diputado Tobías Crespo (PLD-Distrito Nacional) informó que está muy avanzada la discusión en comisión del proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del que se espera sea aprobado en el inicio de la próxima legislatura, con el objetivo de terminar con el caos y la inseguridad en las vías públicas.

Dijo que con el proyecto una vez convertido en ley desaparecerán la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET); Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet).

A través de esa ley se creará una nueva entidad, el Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Intrant) que tendrá un consejo directivo integrado por representantes de los ministerios de Obras Públicas, Presidencia, Salud, Educación, Medio Ambiente y Turismo.

Tendría representantes, además, entidades como Proconsumidor, de los sindicatos de taxis, transporte carga, urbano, interurbano, sector empresarial y de los municipios.

Consideró importante la participación en el Consejo de una representación de los 155 alcaldes y 232 directores de distritos municipales porque la Ley 176 les otorga facultades para regular el transporte de personas y mercancías en sus localidades.

En cuanto a AMET, Crespo dijo que legalmente estará sujeta al Instituto, pero operativamente bajo la Policía Nacional porque son civiles armados.

Advirtió, en su intervención en el programa El Bulevar con Pablo McKinney, que con la nueva ley el Estado es dueño de las rutas y las vías públicas y quien no opere correctamente en ellas estará sujeto a sanción.

UN APUNTE

Subsidio e inseguridad

Crespo dijo que hay 26 mil vehículos que reciben el bonogas, lo que implica una erogación de 600 millones de pesos al año, y se destinan tres millones de galones de gas subsidiado al transporte, y aun así es un transporte mal servido y carece de seguridad. La inseguridad provoca que cada año mueran entre 2000 y 2,400 personas por accidentes de tránsito.