Estando la semana pasada en Lima, Perú, nos sorprendió gratamente la muestra de intervención pública desde el Estado de ese país en la prensa peruana diaria, con relación a la violencia contra las mujeres.

Llegando al Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez se advierten gráficas sobre la trata de mujeres, niños y niñas, advirtiendo desde la entrada misma al país que el Estado peruano se preocupa y sanciona drásticamente el crimen, desaliento para quienes entran a Perú con esa idea y referencias de comunicación inmediata con centros de ayuda.

El martes pasado, los medios de comunicación de Perú presentaban en primera plana a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien junto a la Asociación Civil Transparencia denunciaba a ocho candidatos que participan en los comicios regionales y municipales de octubre próximo, contando con sentencias por delitos sexuales y otros 21 que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios, es decir, no han pagado pensión alimenticia. La ministra, además de proporcionar nombres, explicó que entregaba un oficio al Jurado Nacional de Elecciones para proceder a cruzar la información con el Poder Judicial, como requiere el procedimiento en Perú.

El miércoles pasado, la congresista Rosa Núñez, quien había denunciado a su ex esposo, César Acuña, exalcalde de Trujillo, por violencias físicas, reveló que recibía amenazas telefónicas de su parte, comentando los medios, la historia pasada de maltratos y la separación de la congresista del agresor.

También el miércoles, en la portada de opinión de todos los medios, la ministra de la Mujer llamaba la atención sobre las 30 mil denuncias de violencias registradas hasta el momento, diciendo: “Somos una sociedad permisiva con la violencia contra la mujer: se asume que ella tiene que callar, aguantar, por el supuesto bienestar de la familia”. Ella agregaba que, “en lo que va del año, hay 66 feminicidios ejecutados y 174 tentativas en Perú”.

En la prensa dominical, esta vez hablando sobre el acoso callejero que representan los piropos, tocamientos, comentarios sobre el cuerpo de la mujer, etc., en el ámbito público, una prerrogativa que se adjudica tienen los hombres sobre las mujeres, por derecho “divino”. El artículo refería a una investigación que dice que el 87% de las personas en Lima, con 9 millones de habitantes, aprueba que estas agresiones sexuales se incluyan en la Ley Penal de Perú.

Los medios de Perú ¿serán más independientes que los nuestros, sin responder a intereses políticos, monotemáticamente y siempre? El Estado peruano ¿cumple mejor que el nuestro con los compromisos e incorpora la ciudadanía de las mujeres a sus preocupaciones? ¡Parece que sí! Medios y Estado dominicanos pueden bajar índice feminicidios.