Estaría en República Dominicana Mario Leal, el excandidato vicepresidencial oficialista de Guatemala en el 2015, a quien el Ministerio Público de su país vincula con acciones de corrupción derivadas del tráfico de influencia en la agilización de trámites administrativos para el cambio fiscal, por las cuales recibía comisiones.

Un cable noticioso de la agencia EFE, señala que Leal, quien está fuera de Guatemala desde el año 2016 y las autoridades creen se encuentra en territorio dominicano, era uno de los intermediarios que buscaba empresas, y según las pesquisas recibió 500.000 dólares en comisiones.

Por este caso, ocho personas fueron detenidas el jueves en una treintena de operativos, diez están prófugas -entre ellas Leal- y casi una decena fueron citadas a declarar, entre particulares y exfuncionarios, algunos ya en prisión por otros casos.

Perteneciente a una familia de empresarios azucareros, Leal formó pareja para buscar el Gobierno con la exprimera dama Sandra Torres (2008-2012), pero ambos perdieron las elecciones en la segunda vuelta de 2015 frente al ahora presidente, Jimmy Morales.

UNE se desvincula

El partido opositor de Guatemala Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se desvinculó hoy de las acusaciones que pesan sobre su candidato a la Vicepresidencia del país en 2015, Mario Leal, prófugo de la Justicia.

«Los hechos en los que presuntamente se le involucra se relacionan exclusivamente con su actividad privada. En ningún momento se trata de acciones relacionadas con aspectos políticos, ni muchos menos partidarios», dijo el bloque en un comunicado, en el que dice respaldar la la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Esta posición se produce después de que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaran al empresario de formar parte de una red de tráfico de influencias que se dedicaba a agilizar trámites administrativos de crédito fiscal a cambio de comisiones.

Esta trama, bautizada como «Traficantes de Influencias», estaba dirigida por Giovanni Marroquín Navas -ya en prisión por el caso «La Línea»-, quien era el enlace entre los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que decidían sobre los expedientes, y los intermediarios, que captaban a los posibles clientes.