
En múltiples comunidades rurales, la migración o la intención de migrar se origina en la percepción de escasas posibilidades de desarrollo.
Santo Domingo.- La falta de empleo y oportunidades constituye la principal causa de emigración de dominicanos desde las zonas rurales hacia las ciudades, según un estudio del Instituto Nacional de Migración (INM).
En múltiples comunidades rurales, la migración o la intención de migrar se origina en la percepción de escasas posibilidades de desarrollo.
Esto se debe, en gran parte, a que las actividades agrícolas predominantes suelen estar mal remuneradas, exigen extensas jornadas laborales y no permiten alcanzar el nivel de vida deseado.
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Así lo documentan el estudio De Baní a Boston: Construyendo comunidad a través de fronteras, de Levitt (2001), y una investigación reciente de Valdez y Bartolomé (2023).
Esta dinámica también se refleja en la actual composición de la fuerza laboral rural. En provincias como Barahona, San Juan y Valverde, la mayoría de los trabajadores en los principales cultivos agrícolas son de nacionalidad haitiana, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENAGROT 2022).
Impactos positivos de la migración
Aunque comúnmente se asocia la migración a efectos negativos, diversos estudios destacan también sus impactos favorables.
Entre ellos figuran la creación de asociaciones comunitarias, el establecimiento de negocios, las remesas, las donaciones y la participación política de los emigrantes, factores que pueden contribuir al desarrollo de sus localidades de origen.
Convergencia y persistencia de la pobreza rural
Desde otra perspectiva, al analizar la pobreza general como factor determinante de la migración interna, se observa una tendencia a la convergencia entre los niveles de pobreza urbana y rural. No obstante, la pobreza sigue siendo consistentemente más elevada en las zonas rurales.
Esta situación se evidencia con mayor claridad al revisar la evolución de varios indicadores de la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) entre 2005 y 2022. Por ejemplo, la proporción de viviendas rurales construidas en concreto aumentó de un 52.1 % en 2005 a un 63.9 % en 2022. Paralelamente, el uso de techos de zinc disminuyó de un 81.8 % a un 75.2 % en ese mismo período.
En cuanto al tipo de suelo, las viviendas con piso de tierra se redujeron del 7.6 % al 4.2 %. Estas mejoras también se reflejan en indicadores relacionados con el acceso al agua potable, servicios sanitarios, energía eléctrica y otras condiciones básicas, evidenciando avances en la calidad de vida rural, aunque persisten importantes desafíos estructurales.