La confrontación que se dice mantienen el Ministerio Público y Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por el control de la investigación criminal sería como una estocada mortal a los frágiles esfuerzos que se realizan para frenar al narcotráfico.

Se ha dicho que fiscales y policías halan la cuerda en dirección contraria y que cada actor considera que su contraparte funge de enemigo o traidor.

Ese velado enfrentamiento parece llegar a su clímax con la presentación de un vídeo que captaría el momento cuando un fiscal adscrito a la DNCD se guarda un puñado de euros, durante un allanamiento en la agencia de cambio Solano.

El magistrado Manuel Rodolfo Castillo reclamó que la procuraduría general investigue la autenticidad de ese vídeo y acusó a intereses enquistados en organismos de seguridad del Estado de robar bienes incautados a los criminales.

Lo que conoce la opinión pública es apenas el destello de un espectáculo desalentador y vergonzoso, como agua sucia que anega toda posibilidad de combatir con éxito al flagelo de las drogas y crímenes conexos.

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra dijo que el controversial vídeo será examinado fuera del país, lo que sumado a la denuncia del fiscal adjunto, Acosta Castillo, de que agentes sustraen bienes y hacen negocios con organizaciones criminales, pone los pelos de punta al más insensible de los mortales.

Aunque se afirma que la DNCD acusa a un fiscal de apropiarse de un puñado de euros durante un allanamiento, la Fiscalía habría denunciado un faltante de 61 mil dólares en la incautación de dinero durante una requisa en una residencia de Arroyo Hondo.

Más penoso aún es saber que el pleito entre Ministerio Público y autoridades antidrogas se sustenta en mutuas acusaciones de robo de dinero incautado o de concertar negocio con organizaciones criminales. Ojalá que alguna autoridad sensata detenga este mutuo embadurnamiento de excrecencia que avergüenza.