Además de que no haberse puesto la toga para demostrarnos su competencia como abogado responsable de resguardar el interés público, el fiscal del DN acusa una fascinación por los flashes fotográficos. Su afán de notoriedad lo empuja frecuentemente a presentarse ante las cámaras sin tino ni acierto, y lejos de evaluar serenamente los elementos de que dispone para probar la culpabilidad o complicidad de imputados, se precipita erráticamente a presentar acusaciones sensacionalistas o a solicitar medidas de coerción irrazonables y divorciadas de las condiciones previstas en el artículo 227 del Código Procesal Penal.
Hay constancia de que también lo ha hecho sin importarle los sedimentos de intranquilidad que generan los abusos que patrocina, se ha prestado a servir a influyentes funcionarios para fabricar expedientes. Para fundamentarlos, se vale de testigos a quienes inducen a declarar hechos falsos, lo que al tiempo de convertir al ministerio público actuante en cómplice del delito de perjurio, constituye una deplorable forma de cumplir con sus deberes frente a la sociedad.
Más todavía, ciertos abogados contra los que se han instrumentado querellas disciplinarias ante la SCJ por ofrecer sus servicios con deslealtad y mala fe, amparándose en los sospechosos maridajes que han contraído con fiscales adjuntos, están haciendo de la temeridad un próspero medio de vida. Estos y otros atropellos que se facturan en la fiscalía del DN, despojan a su titular de calidad para cuestionar a jueces de instrucción que, como Franny González y Rosanna Vásquez, gozan del reconocimiento público que el fiscal insiste en agenciarse con encubiertos fines políticos a través de las acusaciones con ribetes propagandísticos y sin carga probatoria que le han permitido exhibirse durante los 15 meses de su cuestionada gestión.
